El fraude fiscal continúa siendo uno de los retos críticos para el sistema tributario del país, según indicaron los economistas del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) y el Instituto de Estudios Económicos (IEE). En respuesta a esta problemática, se han propuesto 22 medidas clave enfocadas en combatir la economía sumergida y en fortalecer la eficiencia y transparencia del sistema tributario en España. Estas medidas abogan por reformas estructurales que contemplen desde la claridad y estabilidad legislativa hasta la simplificación de los procesos administrativos y el fomento del cumplimiento voluntario.
Entre las propuestas destaca la necesidad de mantener una legislación clara y estable para disminuir las oportunidades de fraude, evitar la inestabilidad normativa para no ahuyentar inversores, y asegurar la seguridad jurídica en los cambios legislativos, evitando afectar retroactivamente a los contribuyentes. Además, se sugiere simplificar el sistema fiscal para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y resolver rápidamente los problemas interpretativos que puedan surgir.
También se apunta hacia la importancia de incentivar el cumplimiento voluntario y cooperativo de las obligaciones fiscales, promover la educación tributaria y reforzar la cooperación con los asesores fiscales. Las medidas propuestas incluyen el uso de tecnología e inteligencia artificial para optimizar el análisis de riesgos y la detección de fraude, así como impulsar un enfoque preventivo para apoyar a las nuevas empresas en sus obligaciones fiscales.
Finalmente, se hace énfasis en la necesidad de fortalecer la cooperación y transparencia tanto en el ámbito nacional como internacional, establecer criterios claros sobre lo que constituye fraude fiscal, y proponer un «derecho al error» que permita a los contribuyentes corregir errores sin ser penalizados. Implementar estas propuestas podría significar un avance significativo hacia un sistema tributario más eficiente, justo y transparente en España, con el potencial de reducir considerablemente la economía sumergida y mejorar el clima de inversión y crecimiento económico del país.
