La hipoteca inversa, esa figura financiera que permite a los mayores de 65 años recibir ingresos a cambio de hipotecar su vivienda sin perder el derecho a habitarla, ha visto un crecimiento significativo en España en los últimos tiempos. Este producto se revela como una solución especialmente atrayente para quienes buscan complementar su pensión, permitiéndoles acceder a una fuente de ingresos adicional manteniendo la propiedad de su hogar.
Funcionando de manera contraria a una hipoteca tradicional, la hipoteca inversa implica que sea la entidad financiera quien paga al propietario, usando la vivienda como garantía. Este arreglo usualmente proporciona al beneficiario un pago único o rentas periódicas a lo largo del tiempo establecido, sin obligarlo a dejar su casa ni venderla. A su fallecimiento, la responsabilidad de saldar la deuda recae sobre los herederos, teniendo la opción de liquidar el préstamo o vender la propiedad.
Pese a su atractivo, este producto enfrenta desafíos como la falta de conocimiento amplio entre el público y la preocupación por los intereses acumulados, además de la limitada oferta por parte de las entidades financieras. Sin embargo, su tendencia al alza es notable, especialmente impulsada por las circunstancias económicas actuales, los altos precios del mercado inmobiliario, y el progresivo envejecimiento de la población en España. Se anticipa que en 2024, el sector de la hipoteca inversa experimentará un crecimiento del 42%, signo de un interés renovado por esta opción financiera.
Aunque la aceptación de las hipotecas inversas en España sigue siendo más lenta en comparación con otros países europeos como el Reino Unido y Alemania, la tendencia ascendente es innegable. En 2022, el número de estas hipotecas concedidas en el país creció un 177%, y para 2023 se espera un incremento adicional del 135%. A pesar de las barreras existentes, como la complejidad del producto y los elevados intereses, las hipotecas inversas se perfilan como una alternativa financiera viable para muchos mayores de 65 años. Es esencial, no obstante, un análisis detenido de sus condiciones y obligaciones antes de su contratación.
