El alquiler vacacional representa no solo una fuente de ingresos para numerosos propietarios sino también una serie de obligaciones fiscales que no deben pasarse por alto. Según indica la Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT), es imprescindible declarar estos ingresos en el IRPF, siendo posible atenuar la carga fiscal mediante la deducción de ciertos gastos. No obstante, es crucial tener en claro cuáles son estas deducciones posibles, así como las condiciones y limitaciones vigentes para evitar infracciones.
Para que una propiedad se considere bajo el régimen de alquiler turístico, esta debe promocionarse habitualmente y estar destinada a estancias temporales. Habitualmente, se realiza a través de plataformas de alquiler entre particulares como Airbnb o Booking. Además, diversas comunidades autónomas exigen a los propietarios contar con una licencia específica y cumplir con normativas locales sobre seguridad, higiene, y consumo, regulando incluso la duración máxima de las estancias y el número de ocupantes permitidos.
El incumplimiento de estas regulaciones puede acarrear sanciones económicas significativas. Desde multas que oscilan entre el 50% y el 150% del importe no declarado hasta sanciones adicionales impuestas por las autoridades locales por falta de licencias o incumplimiento de requisitos legales, que pueden superar los 30.000 euros en determinados casos.
En términos de deducciones, los gastos admitidos varían dependiendo de los servicios proporcionados y si estos se asimilan a los ofrecidos en hostelería. Los gastos deducibles incluyen desde reparaciones y mantenimiento hasta seguros de inmueble, impuestos, tasas, intereses de hipotecas, comisiones de plataformas de gestión, suministros de vivienda, servicios profesionales y de gestión, y amortización del inmueble y mobiliario, teniendo siempre en cuenta que deben ser proporcionales al tiempo de arrendamiento efectivo.
Para navegar correctamente por la fiscalidad de los alquileres turísticos, es aconsejable mantenerse informado sobre la normativa actual y cumplir con todas las obligaciones fiscales correspondientes, preservando documentos y justificantes de los gastos deducidos para evitar contratiempos con la Agencia Tributaria.
