La nueva propuesta del Gobierno pretende integrar a todos los profesionales liberales en el régimen de autónomos (RETA), eliminando la opción de cotizar mediante mutualidades privadas a partir de 2027. El sector financiero y jurídico alerta del impacto sobre la planificación patrimonial de miles de trabajadores.
La proposición de ley impulsada por el Gobierno español a finales de 2024, que establece una “pasarela al RETA” para los mutualistas, ha generado una intensa controversia en el ámbito económico y financiero. El texto legislativo, aún en fase de enmiendas, no solo permite a los profesionales colegiados —abogados, arquitectos, médicos, ingenieros, etc.— traspasar sus derechos al sistema público de autónomos, sino que contempla la eliminación definitiva de las mutualidades de previsión social como sistema alternativo a partir del 1 de enero de 2027.
¿Qué son las mutualidades y por qué están en riesgo?
Las mutualidades de previsión social han sido, históricamente, una vía alternativa al RETA para determinados colectivos profesionales. Se trata de entidades privadas sin ánimo de lucro, reguladas y supervisadas, que permiten a los colegiados gestionar su cotización y diseñar su jubilación de forma individual, muchas veces complementada con otros instrumentos de inversión como fondos, inmuebles o seguros.
Este modelo ofrecía flexibilidad, control del ahorro y ventajas fiscales. Pero desde 2023, las tornas han cambiado: los mutualistas están obligados a cotizar como mínimo el 80 % de lo que les correspondería pagar en el RETA, lo que ha reducido considerablemente la eficiencia económica del modelo.
Con la nueva propuesta legislativa, el Ejecutivo da un paso más: cerrar el acceso a este sistema para todos los nuevos colegiados a partir de 2027, homogeneizando la cotización en el sistema público. El objetivo declarado es garantizar la equidad entre trabajadores, pero las implicaciones económicas son profundas.
Una amenaza a la planificación financiera de largo plazo
Desde el punto de vista financiero, la medida limita las opciones de planificación patrimonial a medio y largo plazo. La posibilidad de gestionar libremente el porcentaje destinado a previsión social, decidir el perfil de riesgo, diversificar los activos o adaptar la estrategia de ahorro según el ciclo vital se ve gravemente afectada.
“Eliminar la alternativa de las mutualidades es una decisión que empobrece el marco de libertad financiera de miles de profesionales”, señala un asesor patrimonial del sector legal. “Impone un modelo único, inflexible y sin capacidad de ajuste personalizado, lo que va en contra de las tendencias modernas de libertad de planificación”.
Además, se abre un debate en torno a la eficiencia del sistema público de pensiones, cuya sostenibilidad ya está en entredicho por el envejecimiento demográfico y el déficit estructural de la Seguridad Social.
Implicaciones fiscales
Desde una perspectiva fiscal, el cambio también podría suponer un golpe para muchos profesionales que hasta ahora utilizaban las mutualidades como instrumento deducible, optimizando su factura fiscal a través de aportaciones regulares o extraordinarias. La integración forzosa en el RETA con tipos efectivos superiores al 35 % de los ingresos netos reduce el margen de maniobra fiscal, especialmente para profesionales con ingresos variables o proyectos intermitentes.
Esto puede afectar negativamente tanto al flujo de caja como a la capacidad de ahorro privado, generando una dependencia casi total del sistema público para la jubilación, sin posibilidad de ajustar las aportaciones según la evolución de la carrera profesional o los objetivos de rentabilidad.
¿Cambio estructural o ajuste recaudatorio?
Aunque el Gobierno justifica la reforma como una vía hacia la “equidad contributiva”, desde varios sectores se ve como un ajuste recaudatorio encubierto. Según datos publicados, los autónomos bajo el nuevo sistema cotizan más del 35 % de sus ingresos, en línea con los trabajadores por cuenta ajena, pero con prestaciones notablemente inferiores en muchos casos.
Para los profesionales de alto nivel, que tradicionalmente optaban por una baja cotización combinada con ahorro privado, este nuevo modelo rompe el equilibrio entre contribución y retorno, obligándoles a pagar más por una cobertura que posiblemente no se ajuste a sus necesidades reales.
Reacciones del sector y oposición política
El Partido Popular, Vox y Junts han manifestado su oposición al texto, solicitando que se respete la libertad de elección entre mutualidades y RETA. Por su parte, organizaciones como Mutualistas por el Futuro han iniciado campañas de recogida de firmas y movilización jurídica para frenar la supresión del sistema alternativo.
“Una economía moderna debe fomentar opciones, no eliminarlas. Las mutualidades permiten adaptar la previsión social a cada perfil profesional, y eso es clave en un entorno laboral que ya es lo suficientemente incierto”, apuntan desde la plataforma.
Conclusión: ¿cómo deben actuar los profesionales ante este cambio?
Con el horizonte de 2027 marcado en rojo, los profesionales que aún no han elegido sistema deben actuar con rapidez. Evaluar el impacto financiero y fiscal de permanecer en una mutualidad frente a pasarse al RETA es ahora una decisión crítica.
Los asesores financieros recomiendan realizar una auditoría patrimonial completa, considerando la edad, los ingresos medios, los activos acumulados y la capacidad de ahorro. En muchos casos, puede ser recomendable aumentar las aportaciones a planes de pensiones privados o productos aseguradores alternativos antes de que se cierren las puertas a otras fórmulas.
La tramitación de la ley aún está en curso, pero el cambio de paradigma es evidente. En plena transformación del sistema público, donde el equilibrio entre sostenibilidad y prestaciones se vuelve cada vez más frágil, blindar la libertad financiera debería ser una prioridad para cualquier política económica sólida.
vía: Noticias de Madrid
