Cuando llega el momento de realizar la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), muchos contribuyentes se preguntan cuánto tiempo deben conservar las facturas y documentos relacionados. Según la legislación española, el plazo mínimo recomendado es de cuatro años. Este lapso comienza a contar desde que finaliza el plazo voluntario para presentar la declaración, lo que otorga a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) un margen suficiente para realizar eventuales revisiones o inspecciones sobre las declaraciones presentadas.
Este periodo de cuatro años se justifica en la Ley 58/2003, de la General Tributaria, y en el Real Decreto 1064/2007, que regulan los procedimientos de gestión e inspección tributaria. Además de las declaraciones, es crucial conservar facturas, recibos, contratos de arrendamiento y otros documentos que justifiquen los datos reportados, especialmente aquellos vinculados con aplicaciones de deducciones o beneficios fiscales. La ausencia de estos documentos puede acarrear sanciones económicas que oscilan entre los 150 y los 6.000 euros, dependiendo de la gravedad del incumplimiento.
Para evitar inconvenientes, los expertos recomiendan adoptar un método de organización eficaz, que puede ser tanto en formato físico como digital. La AEAT permite la conservación electrónica de documentos, siempre y cuando se asegure su integridad y legibilidad a lo largo del tiempo. Este enfoque no solo facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales sino que también asegura una respuesta rápida y eficiente ante posibles requerimientos o inspecciones de Hacienda.
Cabe destacar que para las empresas, los plazos y obligaciones varían ligeramente. De acuerdo con el Código de Comercio, las facturas y libros contables deben guardarse por un mínimo de seis años. En circunstancias excepcionales, como investigaciones por delitos fiscales, el plazo puede extenderse hasta diez años. No cumplir con estas disposiciones puede resultar en multas significativas para las entidades. En conclusión, mantener un registro adecuado y accesible de toda la documentación fiscal es fundamental para cualquier contribuyente y empresa, no solo para evitar sanciones sino también para ejercer plenamente sus derechos ante la administración tributaria.
