En un clima de creciente preocupación por el futuro de la nación, juristas, economistas y académicos se congregaron en Madrid durante el V Congreso Nacional de la Sociedad Civil. Bajo el lema «Mirando al futuro: España en la próxima década», los expertos alertaron sobre el deterioro institucional del país y señalaron la urgente necesidad de reformas en áreas críticas como la democracia, las pensiones, la inmigración y la energía.
El filósofo Javier Gomá destacó la importancia de mejorar el sistema actual en lugar de demolerlo, alentando a fortalecer las instituciones existentes. Esas ideas fueron respaldadas por José Juan Ruiz, presidente del Real Instituto Elcano, quien abogó por una mayor responsabilidad ciudadana para proteger la democracia.
La fragilidad del equilibrio institucional centró parte del debate, donde la separación de poderes y la igualdad ante la ley fueron catalogadas como no negociables. La abogada Miriam González destacó el debilitamiento de los contrapesos tradicionales y pidió un refuerzo del poder del ciudadano individual con respecto a las instituciones representativas.
Desde una perspectiva económica, Javier Díaz-Giménez advirtió sobre los peligros del creciente déficit y el sistema de pensiones insostenible que amenaza a las futuras generaciones. Juan José Rubio Guerrero resaltó cómo el gasto en pensiones y gasto corriente está limitando las inversiones, acentuando la desigualdad intergeneracional.
El congreso también identificó los desafíos demográficos, señalando la baja natalidad y el envejecimiento de la población como preocupaciones críticas. Diego Ramiro Fariñas del CSIC sugirió que las políticas actuales son inadecuadas para la realidad moderna, y Carmen González, catedrática de Ciencia Política, enfatizó que la inmigración, aunque beneficiosa para el PIB, no es una solución a los problemas estructurales del país.
En cuanto a tecnología y energía, José María Lassalle promovió una inteligencia artificial centrada en los humanos, mientras que otros expertos señalaron la falta de consenso político como un obstáculo para avanzar hacia una autonomía energética genuina.
El evento culminó con intervenciones de exministros como José Manuel García-Margallo y Eduardo Serra, quienes destacaron la importancia de una política exterior robusta. Rafael Catalá, presidente de la Fundación Independiente, cerró el congreso instando a la sociedad civil a pasar de la identificación de problemas a la proposición de soluciones concretas.
El mensaje final del congreso fue claro: España necesita una acción política decisiva y un consenso social para abordar estos desafíos y asegurar un futuro más sostenible. La convocatoria a una ciudadanía activa que demande el cambio será crucial para evitar una «década perdida».
