El programa de ayudas para la emancipación (hasta 210 euros paran gastos de alquiler destinados a jóvenes entre los 21 y los 30 años) tienen un beneficiario que, desgraciadamente, no es el que originalmente se había pensado. Ante una baja en la demanda, los jóvenes en busca de piso se han convertido en el nuevo trofeo de los agentes inmobiliarios y propietarios.
La subvención, lejos de ser concebida como una ayuda necesaria para hacerse de un espacio propio, es vista como la posibilidad de aumentar el alquiler sin que ello suponga un esfuerzo para el joven inquilino. Incluso, algunos agentes reciben la instrucción de orientar la búsqueda de inquilinos en el rango de edad que los haría meritorios de la subvención, creyendo que eso los hace más solventes ante un alquiler más alto.
La ayuda tenía una segunda intención: normalizar la contratación de alquileres y hacer visibles fiscalmente a los arrendadores. El tiro por la culata en este aspecto es más dramático: cuando los jóvenes piden la adecuación de sus contratos para calificar a la subvención (un contrato legal, notarizado, a cinco años), los propietarios condicionan la modificación del contrato por un jugoso porcentaje de la ayuda.
El alquiler, por ley, sólo puede subir con el índice de Precios al Consumidor. Ante los abusos: guardar recibos y anuncios. Desde el gobierno, niegan una escalada en los precios de los alquileres, pero sus datos son del año pasado.
¿Nos harán lo mismo con los 400 euros?
