Por segundo día consecutivo, despertamos, algunos con la noticia y otros con el drama, de la huelga de transportistas que colapsa algunas vías y amenaza con el desabastecimiento de alimentos. Lo novedoso de la huelga es su razón: los chóferes no realizan reivindicaciones gremiales o laborales. Protestan por el altísimo precio del combustible. Hoy se les han unido las flotas pesqueras.
La huelga, como tal, ya ha demostrado en numerosas ocasiones su ineficacia como medida de presión. Afectar los intereses de terceros (el consumidor atrapado entre la pulseada entre el gobierno y los del volante) sólo desprestigia la causa y desgasta a la parte más débil: el gremio de los transportistas.
Desgraciadamente, las posibilidades de triunfo son mínimas: aunque un porcentaje considerable del precio de los combustibles corresponde a impuestos, cualquier rebaja sólo será un paliativo temporal para el problema de fondo: el precio internacional de barril de crudo, que podría llegar a 200 dólares a fin de año.
Las líneas de crédito para cambiar a vehículos más rentables en su gasto y las ayudas a autónomos compartirán, a la larga, el destino de todos los subsidios bien intencionados: ser otro factor de encarecimiento. La parte del combustible que pagará el gobierno a los transportistas será pagada por el bolsillo de los consumidores cada vez que estos llenen el depósito.
Los únicos beneficiados: las petroleras. Repsol, ante las previsiones de un barril a 129 dólares en el 2009, ha visto aumentado el valor de sus acciones. De 25 a 27 dólares. Los expertos aconsejan conservar los títulos.
