Durante años nos hemos acostumbrado a que las sucursales bancarias crecieran como hongos por pueblos y ciudades como si no tuvieran espacio suficiente para guardar tanto dinero que necesitaba ser prestado. Al calor de ello y justo al lado se acoplaban los cajeros automáticos muchas veces directamente en la calle, ocupando un espacio público que en muchos casos no era penalizado desde los ayuntamientos. Mejor que abran una sucursal que poner obstáculos pensarían muchos.
Una sentencia del Tribunal Supremo permite que los alcaldes cobren por esta cuestión, algo lógico por otra parte y más visto en comparación con que, por ejemplo, los ayuntamientos cobran incluso por obras menores realizadas en el interior de las viviendas particulares.
Este tema retrotae al síndrome del usuario gratuito, es decir, a la tendencia a sobrexplotar o malutilizar un recurso si éste no tiene precio ni existen barreras de uso o entrada. No es que los bancos fueran a abrir menos sucursales porque les cobraran una cantidad irrisoria por poner un cajero a pie de calle pero constituría una señal y una fuente lógica de recursos.
No choca este asunto con la nueva directiva de servicios que, en resumen, viene a eliminar las barreras administrativas previas lo que no desluce que se pueda y deba cobrar por lo que siendo de todos usan unos pocos con ánimo de beneficio.
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