En 2025, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha experimentado un incremento, estableciéndose en 1.184 euros mensuales distribuidos en 14 pagas, lo que equivale a un total de 16.576 euros brutos anuales. Esta medida ha sido adoptada por el Gobierno con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables de la sociedad. Este aumento trae consigo una serie de repercusiones en cuanto a obligaciones fiscales y retenciones en la nómina de los trabajadores.
Una cuestión relevante es cómo este ajuste del SMI afecta al pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). A pesar de que el mínimo exento, es decir, el monto que se puede percibir sin necesidad de abonar impuestos, no ha sido modificado, el Gobierno ha introducido una deducción específica en el IRPF destinada a los trabajadores con ingresos equivalentes al SMI. Esta deducción está principalmente orientada a aquellos sin hijos ni otras cargas familiares, asegurando así que, aunque exista una retención en la nómina, probablemente se recibirán devoluciones en la declaración de la renta del año 2026.
Por otro lado, el incremento del SMI también lleva un aumento en las cotizaciones sociales tanto para los trabajadores como para los empleadores. A pesar de que este ajuste puede tener un impacto menor en el salario neto de quien percibe el SMI, para los empleadores representa un desafío adicional en términos de costes laborales.
Por último, resulta crucial destacar que con la nueva regulación, es probable que aquellos que reciban el SMI deban presentar la declaración de la renta, siendo esta la única manera de recuperar las posibles retenciones. Esta obligación aplica principalmente a individuos sin hijos, aunque también puede ser conveniente para aquellos que, aun sin retenciones, podrían beneficiarse de realizar la declaración.
Esta reevaluación del SMI no solo afecta la percepción económica directa de los trabajadores, sino también aspectos fiscales y contributivos significativos. Es esencial que los afectados se mantengan informados y realicen la declaración de la renta cuando corresponda para garantizar sus derechos y recuperar lo que les pertenece por ley.
