La CE enviará una carta a las autoridades españolas a los efectos de solicitar más dato sobre el plan de ayuda automotriz.
Al parecer la información llegada a Bruselas no ha sido suficiente. Esto en primera instancia no implicaría inconvenientes pues desde España, fuentes del Ministerios de Industria, Turismo y Comercio, están dispuestos a enviar toda la información que se considere necesaria. Se pudo saber que el Gobierno prevé destinar cerca de 900 millones de euros a mejorar la competitividad de la industria española, fomentar su internacionalización y apoyar la fabricación de vehículos verdes. Además invertirá otros 1.200 millones en la renovación del parque nacional.
La CE pretende comprobar que el plan respeta la normativa comunitaria sobre subvenciones públicas y si se ajusta a los principios del mercado interior, en particular la no discriminación.
España anunció el pasado viernes que invertiría unos 4.170 millones de euros en el Plan Integral de Automoción (PIA). Ahora la CE quiere saber como.
La medida no debería sorprender pues tiene un antecedente inmediato en Francia. Los galos repartieron 6.000 millones entre Citroën, Peugeot y Renault. La CE investigó si tales ayudas, que tenía como objetivo que no se produjesen cierres de fábricas y despidos de trabajadores, no violaban la legislación sobre libre mercado, ni suponían una competencia desleal.
