La inspección fiscal es una práctica esencial de la Agencia Tributaria para asegurar el cumplimiento de la normativa fiscal tanto en grandes corporaciones como en autónomos y pymes. A través de la detección de ciertos indicadores como diferencias entre bases imponibles y pagos, gastos no justificados, actividades en sectores proclives al fraude y operaciones con países de baja tributación, la Agencia Tributaria decide iniciar procesos de inspección.
Estos procedimientos inician a menudo sin previo aviso al contribuyente, y pueden progresar desde simples solicitudes de aclaración hasta convertirse en inspecciones completas. La preparación adecuada y la respuesta rápida son esenciales para manejar esta situación, implicando la organización de documentación relevante y la asesoría por profesionales especializados.
La regulación de las inspecciones fiscales se asienta sobre la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y el Real Decreto 1065/2007, los cuales establecen el marco de actuación de la Agencia Tributaria, los derechos del contribuyente y los requerimientos formales de estas actuaciones. Los derechos durante una inspección incluyen la información sobre el proceso, la posibilidad de presentar documentos y alegaciones, y la asistencia de un asesor.
Las inspecciones pueden abarcar hasta cuatro años anteriores, con un margen de extensión en casos de ocultación o fraude. Aunque no todas las inspecciones derivan en sanciones, estas pueden incluir recargos, multas y penalizaciones según la gravedad de la infracción detectada. Para evitar futuras inspecciones, se recomienda mantener una contabilidad meticulosa, justificar adecuadamente las deducciones, registrar todos los movimientos económicos, y consultar con expertos ante operaciones complejas. Auditorías internas o simulacros pueden ser herramientas útiles para anticiparse a posibles problemas antes de que sean identificados por la Administración.
