El crowdfunding inmobiliario se ha consolidado como una vía popular de inversión y financiación de proyectos vinculados al sector inmobiliario. Este método permite la colaboración económica de múltiples inversores para la compra, rehabilitación o construcción de propiedades, operando a través de plataformas digitales. Los protagonistas en este esquema son los promotores, quienes desarrollan los proyectos; los inversores, que aportan el capital necesario; y las plataformas de crowdfunding, que actúan como intermediarias facilitando el proceso y asegurando su transparencia. Una correcta comprensión de las obligaciones fiscales asociadas es crucial para todos los involucrados, dado que el tratamiento fiscal varía significativamente dependiendo de la naturaleza de las aportaciones y los beneficios recibidos.
Desde la perspectiva del promotor, los ingresos derivados del crowdfunding pueden ser clasificados de acuerdo al tipo de aportación que se realice, ya sea sin contraprestación, considerándose entonces como donaciones, o con contraprestación, determinando su tributación como ingresos sujetos al IVA y/o intereses. Los fondos recibidos por los promotores pueden estar sujetos al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD), para personas físicas, o al Impuesto sobre Sociedades (IS), para personas jurídicas.
Para los inversores, es fundamental declarar los beneficios generados a través de las aportaciones, que pueden ser clasificados como rendimientos del capital mobiliario o ganancias patrimoniales, dependiendo del tipo de retorno obtenido. Las obligaciones fiscales incluyen la tributación en la base del ahorro del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), con tramos de imposición que varían según el monto de los beneficios y la posibilidad de compensar pérdidas. Además, es importante considerar la aplicación de retenciones por parte del promotor y la declaración de bienes en el extranjero para inversiones que superen los 50.000 euros.
Ante la complejidad de la fiscalidad en el crowdfunding inmobiliario, tanto promotores como inversores deben prestar especial atención a la clasificación de ingresos, la aplicación de impuestos pertinentes y las posibles deducciones y compensaciones permitidas. Un conocimiento profundo de estas normativas es esencial para evitar sanciones y maximizar los beneficios, subrayando la importancia de contar con asesoría experta en materia fiscal para una gestión eficiente.
