Los autónomos que hayan sido beneficiarios de las ayudas del Kit Digital deberán incluirlas en su declaración de la renta, tal como es preceptivo con cualquier otro tipo de subvención. Esta medida, contemplada tanto para las ayudas recogidas en el ejercicio 2022 como para las previstas en 2023 y 2024, incluirá también las novedades introducidas este año como el Kit Consulting y la opción de financiación de ordenadores hasta 1.000 euros. Las mencionadas ayudas deben ser declaradas en el IRPF, aunque su tratamiento fiscal garantiza que no supondrán una carga impositiva adicional para el beneficiario.
El procedimiento para tributar por el Kit Digital en la renta es singular, ya que la cantidad recibida ha de consignarse como un ingreso de la actividad, y al mismo tiempo, lo invertido en servicios digitales externalizados se considera un gasto operativo. Esta compensación entre ingreso y gasto conlleva a que, a fin de cuentas, estos importes no incrementen la base imponible del autónomo, haciendo efectiva una tributación neutral de las ayudas. Este criterio se aplicará tanto para las ayudas concedidas en el presente año fiscal como para las que se otorgarán en 2024.
Además del tratamiento en el IRPF, los autónomos deben tener en cuenta el IVA asociado a las ayudas del Kit Digital. Los servicios adquiridos con este bono, incluidos el asesoramiento digital y la compra de equipamiento informático, conllevan un IVA del 21%, el cual se puede deducir como IVA soportado en la declaración trimestral. Este aspecto puntualiza que el desembolso realizado no supondrá un costo extra definitivo para el beneficiario, sino más bien un adelanto de caja que será recuperado con la declaración correspondiente.
El Kit Digital, ahora ampliado y con una mayor diversificación de ayudas, busca fomentar la digitalización de autónomos y empresas a través de un abanico de servicios que incluyen desde el desarrollo web hasta la ciberseguridad, pasando por la digitalización de la gestión empresarial y el comercio electrónico, con bonos que oscilan entre los 2.000 y los 29.000 euros según el tamaño del colectivo empresarial y el servicio específico contratado. Esto refleja el compromiso por acelerar la transformación digital del tejido empresarial español, facilitando recursos financieros dirigidos a ese objetivo.
