En un movimiento que podría tener importantes repercusiones para la política fiscal española, Alejandro del Campo, abogado de DMS Legal, ha interpuesto una denuncia ante la Comisión Europea contra España. El motivo de la denuncia radica en la obligación de los contribuyentes de incluir en su declaración del IRPF los intereses de demora pagados por la Agencia Tributaria por la devolución de ingresos indebidos. Según Del Campo, esta práctica vulnera el derecho comunitario, específicamente los principios de efectividad y cooperación leal, al limitar los derechos de los contribuyentes a ser reembolsados íntegramente.
La controversia se centra en la interpretación de la normativa española tras la sentencia del Tribunal Supremo del 12 de enero de 2023, que revirtió una decisión anterior y estableció que estos intereses deben tributar como renta general y no como renta del ahorro. Esta decisión aumenta significativamente la carga fiscal para los contribuyentes, ya que los tipos impositivos para la renta general pueden ser considerablemente más altos.
Del Campo argumenta que esta situación resulta en que el Estado, de facto, no asume ningún costo por vulnerar los derechos de los contribuyentes, ya que si bien por un lado compensa los intereses conforme a la Ley General Tributaria, por otro lado los «recupera» mediante su inclusión en la base imponible del IRPF. Esta paradoja legal, según el abogado, va en contra de la intención del Derecho comunitario de garantizar una compensación justa a los particulares por ingresos indebidamente cobrados por el Estado.
La Dirección General de Tributos, además, complicó aún más el panorama al determinar que los contribuyentes no pueden deducir de los intereses de demora los gastos legales incurridos para reclamar lo pagado indebidamente, como honorarios de abogados y procuradores.
Implicaciones de la Denuncia
Si la Comisión Europea decide actuar sobre esta denuncia e inicia un procedimiento de infracción contra España, podría obligar al país a modificar su legislación para alinearla con el Derecho de la Unión. En caso de llegar hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y obtener un fallo favorable, los contribuyentes españoles que hayan tributado por los intereses de demora podrían solicitar la devolución de lo pagado en los últimos cuatro años no prescritos.
Este caso recuerda al éxito previo de Del Campo ante el TJUE contra el modelo 720 de declaración de bienes en el extranjero, que fue declarado contrario al principio de libre circulación de capitales debido a las exorbitantes multas que imponía.
La decisión de la Comisión Europea sobre esta cuestión será crucial para determinar si España deberá ajustar su normativa fiscal para cumplir con los principios del Derecho de la Unión. Mientras tanto, los contribuyentes y profesionales del Derecho fiscal permanecen atentos a las implicaciones que esta denuncia podría tener en la política tributaria española y en los derechos de los contribuyentes a una compensación justa.
vía: El Economista
