El BCE defiende el efectivo como pilar del sistema monetario y prepara medidas para blindar su aceptación

En plena expansión de los pagos digitales en Europa, el Banco Central Europeo (BCE) se posiciona con firmeza en defensa del efectivo. Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del organismo, ha advertido que la proliferación de carteles de “no se acepta efectivo” en comercios es incompatible con el estatus del euro como moneda de curso legal y representa una restricción a la libertad de pago de los consumidores.

El BCE pretende dar respaldo legal a esta postura a través del Reglamento sobre el curso legal del efectivo, que obligará a aceptarlo en todas las transacciones salvo que exista un acuerdo expreso entre las partes para emplear otro medio de pago. La propuesta también contempla la imposición de sanciones disuasorias a los establecimientos que incumplan esta obligación.

Caída en el uso, pero relevancia estratégica

La pandemia aceleró el descenso del uso del efectivo: en la eurozona, su peso en volumen de operaciones pasó del 68 % en 2019 al 40 % en 2024, y en valor, del 40 % al 24 %, según datos del BCE. En España, el Banco de España indica que las tarjetas son el medio principal para el 30 % de la población y el pago móvil para el 11 %, aunque el efectivo sigue liderando como método más utilizado.

Para el BCE, esta tendencia plantea riesgos. Limitar el acceso o la aceptación del efectivo podría dejar fuera del sistema a sectores vulnerables y debilitar la autonomía europea en pagos, dado que los dos mayores operadores de transacciones electrónicas —Visa y Mastercard— son estadounidenses.

Soberanía monetaria y resiliencia operativa

En clave macroeconómica, el efectivo se mantiene como un elemento estratégico. Garantiza que la eurozona conserve el control directo sobre su moneda mientras se avanza en el desarrollo del euro digital, que el BCE plantea como complemento, no sustituto. Además, proporciona resiliencia: en crisis financieras, desastres naturales o ciberataques, el dinero físico sigue operativo sin depender de energía o conectividad.

Ejemplos recientes como el apagón en la península ibérica refuerzan esta visión. La demanda de efectivo suele dispararse en periodos de incertidumbre, lo que subraya la necesidad de mantener infraestructuras robustas de distribución —cajeros y sucursales—, especialmente en áreas rurales.

Consenso europeo

La propuesta cuenta con respaldo de países con perfiles opuestos. Alemania, con un alto uso tradicional de efectivo, lo defiende como símbolo de autonomía y privacidad. Suecia, pese a liderar el pago móvil, ha legislado para garantizar la aceptación de efectivo y prevenir la exclusión financiera.

Próximos pasos

La normativa en preparación incluirá indicadores comunes para medir el acceso físico al efectivo y permitirá que cada Estado miembro adopte métricas adicionales adaptadas a su realidad. El BCE y la Comisión Europea trabajan conjuntamente para que la transición hacia una economía más digital no erosione la infraestructura física del euro ni su aceptación generalizada.

La estrategia es clara: que en la cartera del ciudadano europeo convivan billetes, monedas y, próximamente, el euro digital, asegurando diversidad de medios de pago, estabilidad del sistema y protección frente a riesgos externos.


Preguntas frecuentes

1. ¿Qué impacto tendrá esta normativa para comercios y consumidores?
Los comercios estarán obligados a aceptar pagos en efectivo, lo que garantiza a los consumidores mantener esta opción en cualquier transacción.

2. ¿Cómo afecta esta medida a la soberanía monetaria europea?
Refuerza el control de la eurozona sobre su moneda, reduciendo la dependencia de redes y proveedores de pagos extranjeros.

3. ¿Qué relación existe entre el efectivo y el euro digital?
El BCE plantea que el euro digital complemente al efectivo, ofreciendo las ventajas de la moneda del banco central también en el entorno digital.

4. ¿Qué mecanismos garantizarán el acceso al efectivo?
La normativa incluirá indicadores de cobertura geográfica y disponibilidad, así como la obligación de mantener una red mínima de cajeros y sucursales.

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