Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha presentado un conjunto de 12 medidas con el objetivo de reforzar el acceso a la vivienda en España, un problema que afecta tanto a la economía doméstica como al mercado inmobiliario. Durante su intervención en el foro «Vivienda, quinto pilar del Estado del bienestar», Sánchez enfatizó la necesidad de abordar esta crisis con «medidas contundentes y sin precedentes». Sin embargo, el anuncio llega en un momento en que las críticas al impacto real de las políticas de vivienda del Ejecutivo no cesan.
Más vivienda: el papel de la Empresa Pública y la Sareb
El Gobierno busca aumentar la oferta de viviendas públicas, que en España representa apenas un 2,5% del parque total, frente a países como Francia (14%) o Países Bajos (34%). Para ello, se anunció la transferencia de 3.300 viviendas y 2 millones de metros cuadrados de suelo residencial a la nueva Empresa Pública de Vivienda. Esta entidad, que gestionará 30.000 viviendas de la Sareb, estará encargada de construir viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible, especialmente dirigidas a jóvenes y familias vulnerables.
Además, se establecerá un mecanismo legal que garantice que las viviendas construidas con fondos públicos permanezcan en titularidad estatal de forma indefinida, evitando su transferencia al mercado libre. Esta medida busca frenar la especulación inmobiliaria y proteger las inversiones públicas.
Paralelamente, se implementarán 6.000 millones de euros en avales del ICO para financiar la construcción de 25.000 nuevas viviendas, reforzando la colaboración público-privada en la promoción inmobiliaria.
Innovación en el sector: un nuevo PERTE de Vivienda
El Ejecutivo anunció la creación de un Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) centrado en la construcción industrializada y modular. Este proyecto, que estará ubicado en Valencia, pretende reducir los costes y tiempos de construcción, además de impulsar la innovación en el sector inmobiliario. La localización del PERTE también busca revitalizar zonas afectadas por la reciente DANA, integrando la recuperación económica con la modernización del sector.
Incentivos fiscales para propietarios responsables
Entre las medidas destacadas se encuentra la exención del 100% del IRPF para aquellos propietarios que alquilen sus viviendas bajo el Índice de Referencia de Precios. Este incentivo no requiere que las propiedades estén ubicadas en zonas tensionadas, lo que podría ampliar su aplicación.
Asimismo, se lanzará un programa de rehabilitación de viviendas vacías, ofreciendo ayudas para reformas a cambio de alquilar las propiedades a precios asequibles durante un mínimo de cinco años. Además, un nuevo sistema de garantías públicas protegerá tanto a propietarios como a inquilinos, priorizando a jóvenes menores de 35 años.
Regulación más estricta: pisos turísticos y socimis bajo la lupa
El Gobierno planea introducir cambios regulatorios significativos para combatir el fraude y mejorar la equidad fiscal en el sector inmobiliario. Entre ellos, destaca una reforma fiscal que equipare el tratamiento de los pisos turísticos con otras actividades económicas, eliminando las ventajas fiscales actuales que tienen frente a hoteles.
Además, se revisará el régimen fiscal de las socimis, limitando sus beneficios fiscales únicamente a las viviendas destinadas al alquiler asequible. Otra medida clave es la limitación de compras de vivienda por parte de extranjeros no residentes, quienes deberán pagar un impuesto equivalente al 100% del valor del inmueble, en línea con políticas implementadas en países como Canadá.
Un nuevo Plan Estatal de Vivienda para 2026
De cara al futuro, Sánchez adelantó un Plan Estatal de Vivienda para 2026, que incluirá ayudas al alquiler, la compra y la rehabilitación, prestando especial atención a colectivos vulnerables, jóvenes y personas mayores. Estas ayudas se sumarán a los 20.000 millones de euros invertidos en vivienda en la última legislatura, que beneficiaron a más de 1,5 millones de hogares.
Perspectivas financieras: luces y sombras de las medidas
Aunque el plan del Gobierno busca aumentar la oferta de vivienda asequible y reforzar la regulación, algunos analistas del sector financiero cuestionan su impacto real en un mercado inmobiliario caracterizado por tensiones estructurales. La aplicación de restricciones fiscales a socimis y pisos turísticos podría reducir la inversión privada en el sector, afectando la oferta a largo plazo. Por otro lado, el éxito de la colaboración público-privada dependerá de la capacidad del Ejecutivo para movilizar los recursos anunciados.
Asimismo, la implementación de estas medidas en un contexto económico marcado por la inflación y la subida de tipos de interés plantea interrogantes sobre su efectividad para aliviar las presiones sobre los hogares y estimular el mercado de alquiler asequible.
Conclusión: un paso adelante, pero insuficiente
Las medidas propuestas reflejan un esfuerzo por parte del Gobierno para abordar el acceso a la vivienda desde diferentes frentes. Sin embargo, el impacto real de estas políticas dependerá de su ejecución y de su capacidad para corregir los desequilibrios estructurales del mercado inmobiliario español. Mientras tanto, la creciente brecha entre propietarios e inquilinos sigue siendo un desafío que requerirá un compromiso sostenido a largo plazo.
