El incremento beneficiará a 2,4 millones de trabajadores, pero Hacienda confirma que tributará el impuesto sobre la renta
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto que establece la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.184 euros mensuales en 14 pagas para 2025. Este aumento, fruto de un acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos CCOO y UGT, supone 50 euros más al mes y 700 euros adicionales al año en comparación con la cuantía vigente en 2024. Sin embargo, por primera vez el SMI estará sujeto al IRPF, ya que Hacienda ha decidido no modificar el umbral exento del impuesto sobre la renta.
Un beneficio directo para más de dos millones de personas
El Ministerio de Trabajo y Economía Social estima que 2,4 millones de trabajadores se beneficiarán de manera directa de esta subida. Entre ellos, el 65,8% son mujeres y un 26,8% son jóvenes de entre 16 y 24 años.
Por sectores, la distribución de beneficiarios es la siguiente:
- 31% en el sector agrícola.
- 14,3% en el sector servicios.
- 5,9% en la industria.
- 3,4% en la construcción.
El Gobierno defiende que este incremento contribuirá a reducir la desigualdad económica y fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores con menores ingresos. Según datos oficiales, desde 2018 el SMI ha aumentado un 61%, mientras que la inflación acumulada en el mismo periodo ha sido del 23%, lo que supone una ganancia real de poder adquisitivo del 38%.
Reacciones y debate sobre la tributación del SMI
A pesar del impacto positivo de la medida, la decisión del Ministerio de Hacienda de no ajustar el umbral del IRPF ha generado controversia. Hasta ahora, el Gobierno había eximido de tributación los incrementos del SMI, pero esta vez los trabajadores que cobren el salario mínimo deberán pagar impuestos.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha criticado esta decisión, destacando que afecta principalmente a las rentas más bajas.
“Estos 50 euros al mes suponen 700 euros más al año para familias que hasta hace poco estaban en situación de pobreza. No podemos permitir que los que menos ganan sean quienes más cargas soporten.”
Desde Sumar, partido de la coalición de Gobierno, han exigido a Hacienda que rectifique y estudian presentar una enmienda legislativa para modificar la normativa fiscal. El Partido Popular también ha mostrado su disposición a apoyar esta propuesta.
Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido la medida alegando que la recaudación fiscal es clave para fortalecer el Estado del bienestar y que reducir impuestos no siempre es la solución.
Próximos pasos: una mesa de diálogo para modernizar el SMI
El Gobierno y los sindicatos han acordado la creación de una Mesa de Diálogo Social en un plazo máximo de dos meses para abordar la transposición de la Directiva Europea sobre Salarios Mínimos Adecuados.
Entre los temas a discutir se incluyen:
- La modernización y actualización de la normativa del SMI.
- La revisión de la compensación y absorción de complementos salariales.
- La garantía de que el SMI represente al menos el 60% del salario medio.
- La implementación de mecanismos para la actualización automática de los salarios en los convenios colectivos.
Además, se prevé que la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales se refleje en los cálculos del salario mínimo por hora.
Impacto en la economía y la distribución de la riqueza
Desde el Ministerio de Trabajo se destaca que el crecimiento económico debe traducirse en mejoras salariales y que el aumento del SMI es una herramienta efectiva para reducir la pobreza y la desigualdad.
“La estrategia de incrementar el salario mínimo ha permitido reducir la desigualdad en un 18% en España. No se trata solo de crecimiento, sino de que el bienestar llegue a todos los hogares”, afirmó Yolanda Díaz.
Sin embargo, las patronales CEOE y Cepyme han expresado su rechazo a la medida, advirtiendo que podría generar dificultades para las pequeñas empresas y afectar la creación de empleo.
Conclusión: un avance con desafíos fiscales
La subida del Salario Mínimo Interprofesional a 1.184 euros representa un paso adelante en la mejora de las condiciones laborales en España. No obstante, la decisión de someterlo a tributación por IRPF ha generado un fuerte debate político y social que podría derivar en futuras modificaciones legislativas.
El Gobierno deberá encontrar un equilibrio entre garantizar salarios dignos y definir un sistema fiscal que no penalice a los trabajadores con menores ingresos.
