El Tribunal Supremo ha confirmado que la Agencia Tributaria podrá iniciar inspecciones de manera libre y simultánea a aquellos que, sospechosamente, usen empresas para el pago reducido de impuestos, enfocándose en aquellos que facturen a través de sociedades para obtener una reducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Esta decisión está en consonancia con una medida previamente anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez, apuntando al 3 de febrero de 2025 como la fecha clave para que la Hacienda pública revele la identidad de los verdaderos propietarios de las compañías, obligándoles a proporcionar información detallada sobre sus titulares reales.
La sentencia dictada el 22 de julio amplía las facultades del ministerio dirigido por María Jesús Montero para luchar contra el fraude fiscal, advirtiendo que la emisión de facturas falsas por servicios, tratando de beneficiarse del Impuesto de Sociedades, resultará en severas penalizaciones. Además, el Tribunal Supremo ha permitido la realización de múltiples inspecciones en paralelo, insistiendo en que tal proceder no compromete la defensa de los inspeccionados, quienes pueden impugnar cualquier liquidación efectuada en su contra.
En un esfuerzo por combatir el fraude fiscal y el lavado de dinero, el nuevo marco legal requiere que las plataformas digitales informen al fisco sobre sus operaciones de venta. Esta normativa exige a todos los empresarios y profesionales, incluidos los no residentes con actividad en España y aquellos en régimen de atribución de rentas, a presentar la Declaración censal de alta, modificación y baja mediante el Modelo 030. La medida afecta a un amplio espectro de operadores económicos y viene acompañada de la posibilidad de que los contribuyentes amplíen la autorización para recibir notificaciones electrónicas de la Agencia Tributaria, extendiéndola incluso a la Dirección General de Tributos.
Este paso legislativo se justifica recordando un precedente donde la Agencia Tributaria actuó contra un abogado y su empresa por facturar servicios tributados de manera incorrecta, buscando reducir la carga del IRPF. Al resaltar la relevancia de dicha medida, se advierte sobre la conveniencia de evitar la facturación de actividades económicas a través de entidades empresariales, dado que ahora Hacienda tendrá capacidad de investigar estas operaciones con mayor detalle, estableciendo nuevas obligaciones para empresarios y profesionales independientes que deberán examinar cuidadosamente sus prácticas tributarias.
