Retrasarse en el pago de un impuesto puede tener consecuencias económicas significativas debido a los recargos aplicados por la Administración, los cuales están previstos en la Ley 58/2003, General Tributaria. Estos recargos varían en función del tiempo transcurrido desde el fin del plazo voluntario para el pago y pueden evitarse atendiendo a las fechas límite establecidas por la ley. Los tributos cuentan con un periodo de pago voluntario, tras el cual, si no se ha efectuado el pago, comienza el periodo ejecutivo de cobro, generando recargos e intereses sobre la deuda.
La Ley General Tributaria distingue tres tipos de recargo según el tiempo transcurrido y si se ha recibido o no una notificación oficial de Hacienda: el recargo ejecutivo del 5%, el recargo de apremio reducido del 10% y el recargo de apremio ordinario del 20%. Además, a partir del recargo del 20%, se generan intereses de demora y costas del procedimiento, lo que puede inflar la deuda original si el pago se sigue retrasando.
Para ilustrar el impacto económico de estos recargos, se presenta un ejemplo donde un recibo del IBI de 700 euros no pagado a tiempo puede acabar costando hasta 840 euros o más, demostrando cómo un retraso puede resultar significativamente más costoso. Sin embargo, existe la posibilidad de recurrir el recargo si se considera que no procede, presentando la documentación justificativa adecuada dentro del plazo establecido.
Finalmente, la noticia enfatiza que la manera más eficaz de evitar recargos por impuestos es el cumplimiento puntual de los plazos de pago, utilizando herramientas como la domiciliación bancaria, planes de pago personalizados y las notificaciones electrónicas. Así, se pueden prevenir costes adicionales y mantener las cuentas al día, evitando complicaciones con la Administración tributaria.
