Según ha comunicado la Asociación Empresarial Eólica mediante una nota de prensa en las últimas horas, destinada la misma directamente al Gobierno Nacional, se pide a los representantes, que en medio de los debates acerca de la aceptación de una nueva reforma energética, se contenga la seguridad jurídica de las inversiones que ya fueron realizadas en el sector, además de que existan “señales de futuro con urgencia”, para garantizar la continuidad dentro de éste.
Sin ir más lejos, la AEE advierte al Gobierno acerca de las posibles serias consecuencias que puede llegar a tener la toma de medidas de carácter retroactivo especialmente para el sector, pero también para el resto del país, a grandes rasgos. “Es una mala práctica regulatoria, y así lo entienden los inversores de todo el mundo”, se explica sobre esta posibilidad.
Incluso, los principales funcionarios de la Asociación Empresarial Eólica ya habían manifestado en los últimos tiempos su recordatorio acerca de lo sucedido en el mes de abril de 2010, cuando al extenderse las sospechas de que el Estado iba a reducir la retribución de las instalaciones existentes, las distintas compañías eólicas que operan en España perdieron cerca de 3.000 millones de euros en bolsa en menos de una semana, disparándose de una forma infernal la prima de riesgo.
“Hoy, con una prima de riesgo que prácticamente triplica la de entonces, no se deberían tomar medidas que afecten negativamente al riesgo país y pongan en riesgo las tan necesarias inversiones futuras” explican desde la AEE. Además, otros integrantes del sector también habían avisado ya acerca de la situación que atraviesa el país en cuanto a su solvencia económica, y el déficit de tarifa del sector energético en particular.
Es por ello que justamente, distintos entes relacionados de forma directa o indirecta con las producciones de la energía eólica en el país, ya han mostrado su compromiso con la posibilidad de realizar algunos sacrificios en este sentido, aunque desde la Asociación Empresarial Eólica han asegurado que los mismos “no deberían pasar en ningún caso por aceptar medidas retroactivas que pondrían en jaque la supervivencia del sector y la permanencia de su industria en España”.
