El próximo 31 de diciembre de 2024 finaliza la moratoria contable que permitía a las empresas no tener en cuenta las pérdidas acumuladas durante los ejercicios 2020 y 2021 a efectos de determinar su causa legal de disolución. A partir del 1 de enero de 2025, estas pérdidas se sumarán a las de 2022, 2023 y 2024, lo que obligará a muchas empresas a revisar de manera urgente su patrimonio neto para evitar la disolución o posibles responsabilidades legales.
¿Por qué se aplicó la moratoria contable?
La moratoria fue aprobada como una medida extraordinaria en 2020 para ayudar a las empresas a sortear las graves consecuencias económicas provocadas por la pandemia del COVID-19. En su origen, se buscaba evitar que negocios viables tuvieran que disolverse automáticamente al entrar en patrimonio neto negativo, algo inevitable en aquellos años de parálisis económica.
Esta tregua fue prorrogada hasta finales de 2024 para dar margen de recuperación a las compañías. Sin embargo, esta medida expira el 31 de diciembre, y desde enero de 2025, las pérdidas “congeladas” de los ejercicios 2020 y 2021 volverán a tener efecto contable.
La Ley de Sociedades de Capital y la causa de disolución
Según la Ley de Sociedades de Capital (LSC), una empresa entra en causa de disolución cuando las pérdidas acumuladas dejan reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social (artículo 363.1 LSC). En este caso, los administradores tienen la obligación de actuar en un plazo de dos meses para:
- Convocar una junta general de socios y decidir entre:
- Aumentar o reducir el capital social para restablecer el equilibrio patrimonial.
- Disolver la sociedad.
- Buscar financiación externa, como préstamos o la entrada de inversores.
- Adoptar medidas para evitar responsabilidades personales, ya que los administradores pueden ser considerados responsables solidarios de las deudas si no actúan en plazo (artículos 365 y 367 LSC).
La importancia de detectar el problema a tiempo
Una de las cuestiones más importantes en este escenario es determinar cuándo debe detectarse la causa de disolución:
- ¿Al cierre del ejercicio contable?
- ¿O al formular las cuentas anuales?
En cualquier caso, la recomendación es anticiparse y actuar cuanto antes, dado que los actuales sistemas contables permiten detectar problemas de patrimonio neto de forma casi inmediata. La ley no admite excusas como el “no lo vi venir”, por lo que la proactividad de los administradores resulta clave.
Cómo afecta el fin de la moratoria a las empresas
Desde el 1 de enero de 2025, las empresas deberán tener en cuenta:
- Pérdidas acumuladas en los ejercicios 2020 y 2021, que vuelven a computarse.
- Las pérdidas de los años 2022, 2023 y 2024.
Esta acumulación puede llevar a muchas sociedades a un desequilibrio patrimonial, especialmente si no han logrado recuperarse económicamente tras la pandemia. La situación exige:
- Revisar urgentemente las cuentas al cierre de 2024.
- Adoptar decisiones rápidas para restablecer el patrimonio neto y evitar la disolución.
Consecuencias de la inacción
Si los administradores no convocan la junta en plazo ni adoptan medidas para solventar el problema, pueden incurrir en responsabilidad solidaria, es decir, responderán con su patrimonio personal frente a las deudas sociales. La legislación es estricta en este aspecto y no permite dilaciones injustificadas.
Conclusión: tiempo de actuar
El fin de la moratoria contable devuelve a la realidad a muchas empresas que, hasta ahora, habían podido sortear la causa legal de disolución gracias a esta “ficción contable”. A partir de 2025, los administradores deben revisar minuciosamente las cuentas, evaluar la situación patrimonial y adoptar decisiones rápidas y eficaces para evitar riesgos mayores.
Como recuerda la normativa, “más vale una reestructuración a tiempo que una responsabilidad solidaria”. La cuenta atrás ha comenzado y las empresas deben prepararse para enfrentar los números rojos y asegurar su viabilidad en el nuevo escenario económico.
