La expresión «Hazme un bizum» se ha convertido en parte habitual del lenguaje diario. Desde su lanzamiento en 2016, esta plataforma ha transformado la forma de realizar pagos electrónicos en España, alcanzando un ritmo de 35 operaciones por segundo. Actualmente, Bizum representa el 95 % de las transferencias inmediatas y el 53 % del total de transferencias en la zona SEPA.
Sin embargo, al igual que ocurre con otras plataformas como Vinted o Wallapop, Hacienda no pierde de vista este fenómeno. El Gobierno está ultimando un real decreto que se publicará próximamente y que incluirá nuevas medidas que afectarán a los pagos realizados a través de servicios como Bizum. «Cuando entre en vigor, los bancos estarán obligados a informar a Hacienda de los ingresos que empresarios y autónomos reciban mediante pagos móviles», señala Benjamí Anglès, profesor de los Estudios de Derecho y Ciencia Política en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y experto en derecho financiero y tributario.
La magnitud de Bizum es innegable: ya cuenta con más de 28 millones de usuarios y 82.000 comercios adheridos. Solo en 2024 se realizaron cerca de 1.100 millones de operaciones a través de esta plataforma, por un valor superior a los 44.000 millones de euros, según datos oficiales de la empresa.
Hasta ahora, las entidades financieras solo debían comunicar a Hacienda los pagos recibidos mediante tarjetas de crédito o débito que superaran los 3.000 euros anuales. Sin embargo, tal y como explica el profesor Anglès, la nueva normativa eliminará este umbral y ampliará la obligación de informar a todos los ingresos obtenidos a través de plataformas electrónicas como Bizum, sin importar el país de residencia del pagador o la entidad financiera que procese el pago.
La Agencia Tributaria podrá revisar tus bizums
«A partir de ahora, los bancos y demás entidades gestoras deberán presentar declaraciones mensuales para informar sobre los importes y las cuentas destinatarias de tales ingresos, de modo que la Agencia Tributaria conocerá los datos y las cantidades recibidas por los sujetos que utilizan este tipo de plataformas para facturar sus actividades y servicios«, añade.
En principio, este cambio legal no afecta a los usuarios particulares que utilizan Bizum u otros medios móviles para enviar dinero, especialmente cuando estos envíos se realicen entre familiares o amigos y no superen los 10.000 euros anuales. «No obstante, el hecho de que Hacienda pueda llegar a saber de su existencia y disponer de los datos de los destinatarios de los pagos, haría públicos, a los ojos de Hacienda, unos actos que hasta ahora podían percibirse como exclusivamente privados«, advierte el experto en derecho tributario de la UOC.
«De modo que, cuando se efectúe un pago a un empresario o autónomo mediante un sistema móvil a cambio de una actividad o servicio, ambas partes tendrán que ser conscientes de que dicha operación podrá ser conocida por la Agencia Tributaria», ejemplifica. A partir de esta información, las autoridades tributarias podrán hacer las comprobaciones e inspecciones que consideren oportunas para determinar su correcta tributación. De entrada, dichas comprobaciones e inspecciones recaerán sobre los sujetos pasivos obligados a declarar y tributar por tales ingresos, pero dado que la tecnología permite identificar el origen de los pagos, no es descartable, según Anglès, que también se puedan enviar requerimientos de información a los pagadores para que expliquen y confirmen el motivo y el contenido de las operaciones.
Ya persigue las ventas en Vinted y Wallapop
Este control reforzado no es una novedad, sino una extensión de las medidas ya aplicadas a las plataformas de compraventa de segunda mano, como Vinted y Wallapop. Para el profesor Anglès, esta próxima norma es un nuevo paso en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de dinero. La rápida popularización de estos nuevos métodos de pago podría dar cobertura al pago de actividades ilícitas o de la economía informal que, al producirse de forma telemática, escaparía al radar de Hacienda o sería muy costoso controlar. Cabe recordar que, en 2023, las actuaciones de prevención y control del fraude por parte de la Agencia Tributaria supusieron una recaudación de 16.708 millones de euros.
«Wallapop y Vinted están obligadas a informar a Hacienda sobre las operaciones de sus usuarios cuando estos efectúen más de 30 operaciones al año o superen los 2.000 euros anuales de ingresos. En este caso, también se persigue aflorar aquellas actividades lucrativas que tienen poco que ver con la compraventa de artículos usados», comenta Anglès, que también es investigador del grupo TAXBUSINESS (Fiscalidad, empresa y relaciones laborales) de la UOC.
Cabe tener en cuenta que no se trata de un mercado menor, según la Radiografía de la Segunda Mano del portal Milanuncios: la facturación superó los 5.500 millones de euros en 2023, sin tener en cuenta ni viviendas ni vehículos usados, y el número de anuncios de antes de la pandemia se duplicó. De hecho, la mitad de los españoles considera la compra de artículos de segunda mano como su primera opción de compra y la tendencia seguirá creciendo en los próximos años.
En cualquier caso, hay que tener en cuenta que las obligaciones tributarias de los usuarios de Bizum o de las otras plataformas digitales no han cambiado. «Lo que cambia es la capacidad de Hacienda para conocer las operaciones que se llevan a cabo en estas plataformas por la obligación de comunicar los datos que tienen las entidades que las operan. Así, la Agencia Tributaria puede comprobar con mayor facilidad el cumplimiento de dichas obligaciones por parte de los usuarios y actuar con mayor diligencia y menor coste cuando considere que no se ha hecho o que no se ha hecho correctamente. En definitiva, otro paso más para que sea verdad aquello de que Hacienda somos todos», concluye el experto.
Fuente: UOC
