La inspección de Hacienda constituye uno de los eventos más intimidantes para empresarios y autónomos. Sin embargo, una sentencia del Tribunal Supremo de octubre de 2020 estableció nuevos precedentes sobre este proceso, indicando que los inspectores de Hacienda no pueden entrar a un domicilio particular o empresa sin una orden judicial y solo bajo la sospecha de «ver qué se encuentran». Esta decisión jurídica precisa que ver al propietario declarar menos ingresos que el promedio de su sector ya no es razón suficiente para autorizar una inspección.
Recientemente, se dictó una nueva sentencia que profundiza en los derechos de las empresas frente a las inspecciones fiscales. De ahora en adelante, para que una inspección fiscal se lleve a cabo en el domicilio de una empresa, deberá existir un procedimiento inspector previamente iniciado y notificado a la entidad afectada. Esta medida busca garantizar que la autorización judicial por sí sola no sea suficiente para legitimar la entrada y requisa de material contable en las instalaciones de una sociedad.
La jurisprudencia establece, según el magistrado Merino Jara, que además de la autorización judicial, es imprescindible haber notificado al contribuyente sobre el procedimiento inspector en curso para realizar con legalidad la diligencia de entrada. Asimismo, la sentencia destaca la prohibición de ejecutar visitas notificando al negocio únicamente minutos antes de la acción, práctica que había sido común hasta la fecha.
En este contexto, cuando Hacienda decide iniciar una inspección sobre una empresa, debe comunicarlo mediante correo postal o notificación electrónica, estipulando que ya está abierto un procedimiento inspector. Se enfatiza que la entidad inspeccionada puede negarse a la entrada de los inspectores si estos no han cumplido con el proceso de notificación previa, incluso si presentan una autorización judicial.
Esta nueva regulación amplía la protección a los empresarios frente a inspecciones inesperadas y potencialmente arbitrarias de la Agencia Tributaria, marcando un hito en la defensa de los derechos y la privacidad de las empresas en España. La ley busca asegurar la total transparencia en el proceso, requiriendo que haya evidencia clara que justifique la inspección antes de su ejecución, salvaguardando así la integridad y seguridad de los negocios en el país.
