El 25 de febrero de 2025, el Govern de Cataluña aprobó un decreto ley que presenta transformaciones significativas en la política de vivienda de la región, incluyendo la creación de un registro obligatorio de grandes tenedores de propiedades, con el fin de identificar viviendas vacías y añadirlas al parque público. Esta medida tiene como objetivo principal aumentar la oferta de viviendas asequibles y regular los precios del alquiler en zonas declaradas como tensionadas.
Con la finalidad de fomentar la construcción de más viviendas de protección oficial (VPO), el decreto también contempla la facilitación del uso de fondos del Instituto Catalán del Suelo (Incasol) y la reducción de los plazos de exposición pública para acelerar las obras. Estas acciones buscan motivar a los promotores a contribuir al alquiler público y simplificar los trámites para la solicitud de viviendas protegidas. Sin embargo, para que el decreto se implemente de forma efectiva, debe ser convalidado por el Parlament, donde no se tiene asegurada la aprobación de partidos clave.
Diversas reacciones han surgido desde el sector inmobiliario ante la implementación de estas políticas. El presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña, Xavier Vilajoana, ha propuesto mayor flexibilidad, sugiriendo que los promotores puedan contribuir económicamente al Ayuntamiento para la construcción directa de viviendas sociales, una medida que rechaza el comisionado de Vivienda del Ayuntamiento, Joan Ramon Riera, quien defiende la reserva obligatoria del 30% para vivienda protegida.
Además, se introducen medidas de contención para los alquileres en zonas de mercado residencial tensionado, limitando los incrementos de renta para los grandes tenedores, e introduciendo sanciones por incumplimiento. Los compradores, por otro lado, podrían beneficiarse de una mayor oferta de viviendas protegidas y de alquiler asequible, como resultado de las iniciativas para incrementar el parque público de vivienda. Las nuevas políticas en Cataluña tienen como meta regulación del mercado y la promoción de viviendas asequibles, buscando un balance que no desincentive la inversión privada y garantice una oferta suficiente de viviendas.
