La Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid ha emitido una sentencia histórica al modificar el enfoque sobre la transparencia en los contratos de tarjetas revolving, impactando profundamente en la protección de los derechos de los consumidores en España. Este fallo surge tras el recurso de apelación interpuesto por el prestigioso despacho Don Recuperador®, bajo la dirección legal de Antonio Castro Losada, contra el juzgado de Primera Instancia nº 8 de Majadahonda.
La sentencia, identificada como 659/2024, anula un contrato de tarjeta de crédito revolving firmado con Servicios Prescriptor y Medios de Pago, citando la falta de transparencia en la cláusula de intereses. El tribunal argumenta que el contrato no proporcionaba una comprensión clara y detallada de la carga económica al consumidor, violando así su derecho a una información adecuada.
Entre las deficiencias señaladas se destaca la inexistencia de un aviso claro sobre cómo el pago mínimo mensual podía ser insuficiente para reducir la deuda principal. Además, el contrato carecía de una proyección exhaustiva de los intereses totales bajo diferentes escenarios y del tiempo necesario para amortizar completamente el crédito.
Aunque la Orden ETD/699/2020 sobre crédito revolving no es aplicable directamente al caso por entrar en vigor después de los hechos, el tribunal la utiliza para enfatizar la necesidad de información clara y detallada, dados los riesgos especiales de estos créditos. La falta de transparencia identificada se considera que crea un «desequilibrio significativo en perjuicio del consumidor» y clasifica el contrato como un ejemplo de «crédito cautivo», lo que lleva a su nulidad total.
Este fallo establece un nuevo estándar en el control de transparencia para contratos revolving, recalcando la protección del consumidor mediante información precontractual clara y comprensible. Se alinea con las recientes medidas que el Banco de España ha impuesto contra una entidad financiera prominente en el mercado de tarjetas revolving, la cual fue sancionada con 2,7 millones de euros por deficiencias informativas con sus clientes entre 2018 y 2019.
Esta decisión judicial podría tener repercusiones significativas en el sector financiero, redefiniendo las prácticas de transparencia y potenciando los derechos de los consumidores en transacciones crediticias complejas.
