Las tarjetas revolving han generado controversia este 2025 debido al endurecimiento de las normativas que rigen estos productos financieros. Este cambio significa que ahora, más que nunca, los usuarios deben prestar atención detallada a las condiciones bajo las cuales acceden a este tipo de crédito. El Banco de España ha incrementado las exigencias hacia las entidades financieras, obligándolas a proporcionar información más clara y detallada sobre los intereses y condiciones de pago. Adicionalmente, el Tribunal Supremo ha establecido nuevos criterios para determinar cuándo un interés se considera abusivo, aportando así mayor protección al consumidor.
A partir de finales de 2024 y entrado ya el 2025, los bancos se encuentran en la obligación de desglosar de manera explícita el tipo de interés que aplicarán, detallando tanto el TIN como el TAE. También deben explicar cómo funciona el pago aplazado y los costos que conlleva a largo plazo, así como las consecuencias de limitarse a pagar únicamente la cuota mínima mensual. Esta nueva claridad busca evitar que las ofertas engañosas, que prometen facilidades o ausencia de costos sin ser ciertas, atrapen a los consumidores en condiciones desfavorables.
El Tribunal Supremo ha intervenido también, estableciendo en 2025 que los intereses de las tarjetas revolving que superen en más de seis puntos porcentuales el tipo medio de mercado en el momento de la firma pueden ser considerados usura. Este dictamen ofrece una base para que los usuarios que sientan que sus intereses son excesivamente altos puedan reclamar a las entidades financieras. No obstante, es crucial que estos reclamos se inicien activamente por los afectados, ya que las devoluciones de intereses no se realizarán de manera automática.
Para los poseedores de tarjetas revolving, es vital que revisen sus contratos buscando señales de condiciones abusivas, como cuotas mensuales que no disminuyen o desconocimiento sobre el TAE exacto que están pagando. Frente a irregularidades, es aconsejable solicitar al banco toda la información por escrito y, si se detectan anomalías, pueden buscar asesoramiento legal para presentar reclamaciones. En ciertos casos, esto ha llevado incluso a la anulación de contratos y a la devolución de importantes sumas de dinero, destacando la importancia de estar bien informados y actuar proactivamente.
