Ya son varias veces las que hemos escuchado o leído noticias similares al respecto. La privatización y salida a bolsa de AENA se hace esperar hasta febrero de 2015, en el mejor de los casos, dependiendo de si por entonces se cumplen con todas las condiciones.
En un primer momento, el ministro de economía, Luis de Guindos, dijo que el problema era meramente procedimental, y que se solucionaría en unas semanas. Sin embargo, para desazón de los responsables de fomento y los directivos de la red de aeropuertos AENA, la salida se vuelve a alargar.
El Gobierno ha argumentado que el fallo procedimental es la falta de concurso público para elegir al auditor que firma la confort letter antes del salto a bolsa, suspendiéndose por tanto la oferta pública de venta (OPV) del 28% del capital de la entidad.
El precio de la OPV se debía fijar el 10 de noviembre, el rango de precios que estaba previsto iba de 41,5 a 53,5 euros por cada título de AENA, lo que suponía valorar la empresa entre 6.225 y 8.025 millones. Sin embargo, el procedimiento del concurso de auditor, hace que se alteren todos los plazos y por siguiente los valores. En otras privatizaciones y colocaciones en España y otros países, normalmente no ha hecho falta concurso, era el auditor de la entidad (en caso de AENA sería PwC) el que firmaba la carta.
Dicha suspensión está dejando en evidencia las tensiones que existen entre los ministerios implicados y la falta de coordinación entre las áreas económicas del Gobierno. Pero la privatización parcial de AENA no solo ha generado tensiones entre los miembros del Ejecutivo, sino que también ha enfrentado al Gobierno central con algunas autonomías como Cataluña, que ha llegado a remitir a Bruselas una carta en la que pedía que se pronunciase sobre la calificación de toda la red.
