El principio de capacidad económica es fundamental en el sistema tributario español, adaptando la contribución fiscal al nivel de riqueza real del individuo y asegurando así la equidad en la distribución de la carga tributaria. Este criterio, también conocido como capacidad contributiva, encuentra su base en el artículo 31 de la Constitución Española, que dicta que cada persona debe contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo a su capacidad económica, evitando una carga desproporcionada para quienes tienen menos.
Este principio, aplicable a los tributos estatales, autonómicos y municipales, permite que la contribución al Estado se haga de forma justa, basándose en los ingresos, patrimonio y consumo de cada ciudadano. A pesar de sus beneficios, existen situaciones en las que los impuestos no reflejan con precisión la capacidad económica del contribuyente, lo que lleva a aplicar medidas como exenciones, bonificaciones o reducciones para asegurar la justicia fiscal.
Además, el sistema fiscal español se caracteriza por su progresividad, exigida también por la Constitución, lo que significa que a medida que aumenta la riqueza de las personas, incrementa proporcionalmente su contribución fiscal. Este principio de progresividad se traduce en un alivio fiscal para aquellos con menos recursos, y una mayor carga para quienes poseen mayores ingresos o patrimonios, fortaleciendo así los pilares de un modelo económico eficiente y solidario.
La importancia del principio de capacidad económica se manifiesta en la vida cotidiana de los ciudadanos, desde el cobro de un salario hasta la compra de productos sujetos a IVA, reflejando cada acto económico en la obligación y responsabilidad de contribuir al sostenimiento de servicios públicos esenciales. Este sistema busca distribuir las cargas públicas de manera equitativa y sostenible, protegiendo a los menos favorecidos y financiando de manera justa los servicios públicos, lo que contribuye a mantener un sistema más justo y equilibrado para todos.
