El dumping fiscal, una práctica que se ha vuelto cada vez más común tanto entre países como dentro de las comunidades autónomas, implica la reducción de impuestos por debajo de los niveles que se consideran normales o promedio. Esta estrategia, en esencia, busca atraer empresas y contribuyentes, con el principal propósito de obtener una ventaja competitiva frente a otros estados o comunidades, sin necesariamente fomentar algún tipo de actividad económica determinada o la inversión en particular.
La disminución de impuestos, per se, no siempre califica como dumping fiscal. La delineación clave reside en qué impuestos se reducen y cómo se implementa esta reducción. El peligro que surge de tales prácticas es el empobrecimiento generalizado del sistema fiscal, ya que esto podría llevar a otros territorios a disminuir también sus impuestos en respuesta, generando una especie de “carrera hacia abajo” en materia de carga tributaria.
Este fenómeno no es exclusivo de un impuesto en específico; sin embargo, ciertos impuestos como el Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, son utilizados con frecuencia con el fin de atraer a empresas o individuos con mayor capacidad adquisitiva.
En el contexto europeo, países como Países Bajos, Irlanda, y Luxemburgo han sido protagonistas de este tipo de estrategias fiscales, logrando atraer a grandes multinacionales que establecen sus sedes en estos estados, aprovechando una menor carga impositiva. A pesar de ello, la Unión Europea ha establecido normativas como la Directiva Anti Evasión Fiscal ATAD para prevenir el dumping fiscal, incluyendo medidas como la limitación de la deducción de intereses o la implementación de controles de transparencia fiscal.
En España, la situación no difiere mucho. Dada la autonomía fiscal de las comunidades autónomas, se han señalado ciertas regiones como Madrid, Cataluña, o País Vasco por su tendencia a establecer políticas fiscales particularmente favorables para las empresas y los contribuyentes, generando un debate sobre la equidad y la eficacia de dichas prácticas en el conjunto del país.
