Si todo va según lo previsto, la nueva licitación de Muface arrancará en abril según ha trascendido tras la publicación de la oferta en la Plataforma de Contratación del Estado. A pesar de esta noticia, el Gobierno ha decidido aplicar una prórroga de tres meses, por lo que la situación permanecerá sin cambios durante este periodo.
Los detalles financieros revelados indican que el contrato en cuestión se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2027, contando con un presupuesto total de 4.205 millones de euros. De esta cifra, 4.134 millones se destinarán a los funcionarios en España y los restantes 71,6 millones de euros se asignarán a los mutualistas en el extranjero. Esta cantidad es ligeramente inferior a la estimación previa de 4.478 millones de euros, debido a la exclusión de los meses de enero a marzo del servicio contratado. Surgieron críticas por parte de Unipromel, una asociación de médicos autónomos, que considera insuficiente el contrato. Aunque las primas experimenten un aumento del 33,5%, argumentan que esto no garantiza la mejora de las condiciones para los médicos, advirtiendo sobre la posibilidad de impugnar el nuevo contrato.
Las reacciones de las aseguradoras ante este escenario han sido variadas. Adeslas, que acapara el 33% del mercado de asegurados, manifiesta su disgusto ante la decisión gubernamental de retomar los contratos de tres años en lugar de dos, citando riesgos de pérdidas basados en experiencias negativas previas. Asisa adopta una postura más diplomática, enfatizando la importancia de un modelo mutualista sostenible sin comprometerse a ciegas. Por su parte, DKV prefiere el silencio mientras analiza los nuevos pliegos, evitando comprometerse precipitadamente.
Con el plazo límite para presentar propuestas fijado hasta el 15 de enero a las 10 de la mañana, debido a un retraso en la publicación de la licitación, la ansiedad crece entre las partes interesadas. Aunque el contrato está previsto para concluir el 31 de diciembre, con posibilidades de extenderse hasta finales de enero o marzo en situaciones específicas, la incertidumbre prevalece. Con las aseguradoras evaluando la viabilidad de aceptar las condiciones establecidas, el futuro de la cobertura para algunos funcionarios pende de un hilo, reflejando la discordia general respecto al modelo actual.
