El mercado de la vivienda en España ha experimentado un crecimiento significativo en 2024, con indicadores inmobiliarios que han mostrado cifras interanuales positivas, especialmente en la segunda mitad del año. Sin embargo, este crecimiento se ve ensombrecido por la falta de oferta, un problema que está impulsando un notable aumento en los precios y subrayando la urgente necesidad de ampliar el parque de vivienda pública para poder atender a los sectores más vulnerables.
En este contexto, Tecnotramit ha puesto de relieve las dificultades que enfrenta el modelo de promoción pública de alquiler en España. La escasa participación de oferentes en las licitaciones es indicativa de cuatro grandes obstáculos a los que actualmente se enfrentan los promotores de alquiler social.
Primero, el incremento del 38% en los costes de construcción en la última década es un factor crítico. Este aumento no solo se debe al incremento en el precio de los materiales, sino también a la dificultad creciente para encontrar mano de obra cualificada.
Segundo, la limitación del precio de los módulos, que solo algunas comunidades autónomas han revisado, representa otro gran impedimento. La regulación de estos precios limita las posibles ganancias que los promotores pueden obtener, lo cual desincentiva la construcción de viviendas protegidas.
El tercer obstáculo es la problemática de financiación. La transición de un modelo de construcción orientado a la venta hacia uno enfocado en el alquiler plantea nuevos desafíos financieros. La falta de preventas, que antes proporcionaban anticipos de capital, complica el acceso a recursos necesarios para la inversión. Además, la dificultad para compartir el riesgo de crédito entre compradores limita la participación de la banca comercial en estas operaciones, afectando principalmente a los promotores pequeños y medianos.
Por último, Vicenç Hernández Reche, economista y CEO de Tecnotramit, enfatiza la necesidad de reducir la carga fiscal sobre la construcción y el mantenimiento de viviendas. Señala que hasta un 45% del ingreso de un arrendatario en derecho de superficie se destina al pago de impuestos.
Frente a estos desafíos, es crucial abordar estas barreras para crear un entorno en el que la promoción pública de alquiler sea viable y pueda garantizar el acceso a la vivienda para los grupos más desfavorecidos de la sociedad.
