El nivel formativo de los trabajadores influye positivamente a la hora de buscar nuevos empleos. Aquellos que estén mejor formados, tendrán más oportunidades laborales que los que tienen menor nivel educativo. Según el INE, los universitarios tienen una tasa de paro que se sitúa en el 8,61%, frente al 14,31% de aquellos que han cursado la segunda etapa de educación secundaria y casi el 27% de las que solo cuentan con estudios primarios.

Además, el número de ocupados que cuentan con estudios superiores ha aumentado casi un 25% en los seis últimos años, al pasar de los 7.131.100 trabajadores del primer trimestre de 2014 a los 8.812.300 del último trimestre de 2019. Frente a este dato, los ocupados con formación más básica han caído en este periodo de forma abrupta, lo que demuestra la cada vez mayor necesidad de contar con una cierta formación para garantizar el acceso a un puesto de trabajo.

Esta situación es especialmente preocupante en el caso de los parados con menor nivel educativo, que tienen una probabilidad menor de emplearse que aquellos con estudios superiores, con independencia del momento del ciclo económico en que se esté.

Inquietud en el sector de la Formación

Según documentos de traspaso de competencias entre Ministerios, el Gobierno se plantea derogar la ley de formación y se arriesga a paralizar los cursos, motivado por el traslado de las competencias de la formación profesional en el empleo (FPE) del Ministerio de Trabajo al Ministerio de Educación. Por ello, en el próximo Congreso de Aenoa se desarrolla una mesa redonda para que distintos agentes del sector indiquen su opinión y las novedades al respecto.

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Esta pelea entre Ministerios puede provocar una paralización de la formación continua, incluido los cursos de Formación Bonificada. El Ministerio de Educación ha planteado la derogación de la Ley 30/2015 y del Real Decreto-ley 4/2015 en un documento interno que contempla el traspaso de competencias, fondos y personal del SEPE Estatal al propio Ministerio de Educación. La discrepancia por los 2.300 millones de euros de FPE entre el Ministerio de Educación y el de Trabajo sigue generando problemas, y causa incertidumbre en el sector de la Formación.

El Gobierno quiere retirar esta competencia a Trabajo, y pasarla a Educación, y ello provocaría una paralización de la Formación Continua, es decir, de los cursos para trabajadores que se financian con las cuotas de empresarios y trabajadores a la Seguridad Social. Los Agentes Sociales dicen que sólo se necesita realizar retoques en la norma, pero no eliminarla al completo. Ya que el cambio produciría un vacío normativo que bloquearía por completo la Formación Continua, incluido los 661 millones de la Formación Programada.

La formación debe ser continua a lo largo de la vida laboral

La mayoría de los expertos afirman que es necesario que la formación se lleve a cabo a lo largo de toda la vida laboral, más aún en campos como la informática donde todo avanza a gran velocidad.

Sin embargo, los parados con estudios más bajos no consideran tan relevante la necesidad de formarse para mejorar sus carreras laborales. Esta es una de las razones por las que no prosiguieron sus estudios hasta la universidad, y tienen menos interés en decantarse por la formación continua. A esta percepción contribuye también el hecho de que su puesto de trabajo no requiere de las habilidades necesarias como para estar continuamente reciclándose desde el punto de vista profesional.

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Las pequeñas empresas no usan el crédito de formación

Además, las empresas todavía no parecen concederle demasiada importancia a la formación continua y bonificada para sus empleados, muchas veces por desconocimiento y otras por considerarlo no necesario. Tan solo el 21,22% de las empresas que potencialmente habrían podido acceder a esta bonificación han puesto en marcha planes de formación entre sus trabajadores, según el último Informe anual Formación en las Empresas 2018, elaborado por Fundae – Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.