La reciente implementación de una nueva normativa sobre la venta de préstamos impagados ha generado un intenso debate sobre la protección de los consumidores endeudados en España. La ley, que busca originalmente asistir a personas en situación de vulnerabilidad, les permitiría negociar planes de reembolso con los bancos. Sin embargo, las enmiendas recientes han encendido alarmas, al potencialmente restringir el acceso a estos beneficios mediante una redefinición del término «vulnerable».
Uno de los principales temores es que una mayoría de los consumidores españoles endeudados pueda quedar excluida de las protecciones, en particular cuando sus préstamos al consumo son adquiridos por agencias de cobro. La limitación del concepto de «vulnerabilidad» podría convertirse en un obstáculo significativo y mucho más limitado.
María Petrache, especialista de la firma Unifye SL, ha señalado cómo una situación similar ocurrió en el Reino Unido en 2005. En aquel contexto, la definición de cliente vulnerable fue un foco de controversia, ya que entidades financieras intentaron limitar las ayudas mediante una interpretación más estricta de este término.
Actualmente, la economía española considera a una persona deudora vulnerable si recibe el Ingreso Mínimo Vital de 604,21 euros al mes, sin tener en cuenta otros factores cruciales que afectan su capacidad de pagar deudas. Dicha cantidad es insuficiente para costear necesidades básicas como vivienda, alimentos, servicios esenciales y salud, especialmente en grandes urbes como Madrid y Barcelona, agravando así la situación de los endeudados.
Para una definición más equitativa de vulnerabilidad, se propone evaluar aspectos como ingresos totales, cargas familiares, dependientes económicos y gastos esenciales en salud y educación. La vulnerabilidad, de esta forma, debería medirse según la capacidad real y las circunstancias cotidianas.
La normativa en discusión ofrece a los consumidores vulnerables la opción de un Plan de Pago, que permite un reembolso acorde a sus posibilidades financieras. Esta herramienta es fundamental y deseada por los deudores vulnerables.
La comunidad aguarda ansiosamente el texto definitivo, con la esperanza de que la legislación proteja eficazmente a aquellos que lo necesitan, cumpliendo así con el objetivo principal establecido por el legislador.
