España está a las puertas de una transformación en su sistema de facturación: la entrada en vigor de Veri*Factu, el nuevo estándar impulsado por la Agencia Tributaria mediante tecnología blockchain, diseñado para garantizar integridad, trazabilidad e inalterabilidad de cada factura emitida por autónomos y empresas.
¿Qué es Veri*Factu?
Es un sistema de facturación electrónica que genera automáticamente un registro de cada factura —incluidas cancelaciones y rectificativas— e incluye un código QR identificativo que permite verificarla directamente con la AEAT. Este registro puede enviarse automáticamente a Hacienda o mantenerse custodiado de forma segura, siempre accesible a la Administración.
Su obligatorio cumplimiento será progresivo:
- Fabricantes de software: desde el 29 de julio de 2025.
- Sociedades: desde el 1 de enero de 2026.
- Autónomos y el resto de empresas: desde el 1 de julio de 2026.
Ventajas formales
- Aumenta la transparencia fiscal, dificultando manipulaciones o contabilidad paralela.
- Mejora la eficiencia administrativa y reduce errores manuales.
- Facilita la auditoría y trazabilidad de transacciones.
¿Por qué no se aplica primero al propio Estado?
Muchos expertos consideran que la implantación debería comenzar en la Administración Pública, antes que en las pymes. Razones principales:
- Sería un símbolo de rendición de cuentas, al hacer públicas y verificables todas las facturas emitidas por ministerios, comunidades, ayuntamientos o empresas estatales.
- La adopción temprana por parte del Estado evitaría que las pymes sufran el impacto de una normativa impuesta antes de su consolidación real.
- España podría posicionarse como país pionero en Europa en transparencia fiscal mediante tecnología distribuida.
Reclamar esta transparencia —sobre todo cuando cada euro en pequeño se rastrea— debería aplicarse con la misma contundencia al gasto público.
Soluciones software compatibles con Veri*Factu
Numerosos proveedores han adaptado su software a la normativa, garantizando cumplimiento técnico. Aquí tienes una tabla comparativa de características principales:
| Software adaptado a Veri*Factu | Envío automático (SIF) | Código QR normativo | Registro inalterable | Gratuito desde AEAT |
|---|---|---|---|---|
| Sage, Gularis, Advantic, etc. | Sí | Sí | Sí | No (comercial) |
| Aplicación de la AEAT | Sí | Sí | Sí | Sí (básica) |
- La AEAT ofrecerá una aplicación gratuita básica para emisión de facturas compatibles, útil para microempresas o autónomos con bajo volumen.
- Empresas como Sage, Advantic o Gularis han integrado las funcionalidades obligatorias: borradores, aprobación de factura, envío registro y código QR.
Riesgos y críticas
- Coste y adaptación tecnológica: muchas pymes requieren inversión en software o integración, lo que genera resistencia y dudas, especialmente entre autónomos y empresas de menor tamaño .
- Desfase normativo: algunas leyes como la Ley Crea y Crece complementan Verifactu y podrían generar confusión si no se coordinan sus plazos.
- Desigualdades en ejecución: no se contempla un uso obligatorio por parte de los entes públicos, lo que limita el impacto real en transparencia fiscal.
Conclusión
El sistema Veri*Factu representa un avance legislativo y tecnológico decisivo en la lucha contra el fraude fiscal en España. Sin embargo, su legitimidad se ve cuestionada si no se aplica primero en el propio Estado. Solo liderando con el ejemplo y consolidando la plataforma pública, la Administración podrá exigir adaptaciones a las pymes con credibilidad.
Solo cuando el mecanismo esté probado y funcionando entre ministerios, organismos y empresas públicas, será justo exigirlo a autónomos y pymes. Y de no haber esta puesta en marcha clara, se corre el riesgo de imponer una carga técnica y fiscal desproporcionada que podría erosionar su efectividad.
España tiene la oportunidad de liderar una nueva era de facturación pública transparente, moderna y digital, si el primer paso lo da quien más debe dar ejemplo: el propio Estado.
Fuentes consultadas: normativa Verifactu (Real Decreto 1007/2023, RD 254/2025), publicaciones de Wolters Kluwer, ControlGroup, AceleraPyme, informes de regulación fiscal, y cobertura informativa de El País y Cinco Días sobre plazos y obligatoriedad
