Sin duda, los grandes perdedores de esta crisis son (gravemente) los principales creadores de empleo en la planta productiva española: Pymes y autónomos. Como una forma de paliar el descuido y desatención que el Gobierno les ha hecho padecer desde el inicio de la crisis, el Ejecutivo entregó al Congreso un documento en donde propone, a través del Instituto de Crédito Oficial, una línea de crédito de hasta 200.000 euros.
El proyecto, como ya viene siendo costumbre en todas las medidas anticrisis, nace con sus opositores y sus problemas.
El ICO no cuenta con oficinas de atención, de manera que la institución financiera que recibirá las solicitudes, entregará los capitales y se encargará de los cobros deberá ser elegida en un concurso todavía no abierto.
Como el ICO no cuenta con personal, para el trámite y evaluación de las solicitudes entrarán de nuevo en escena la fantasmal figura de los facilitadores de crédito: esos puestos indefinidos destinados a jubilados y que prometen un seguimiento más serio y comprometido del que realizan los bancos.
Queda, claro, el espinoso asunto de la morosidad. Un caso en el que esta nueva línea de financiamiento se distingue de la banca privada: en el caso de impagos por parte de las pequeñas y medianas empresas, o de los autónomos, el ICO absorberá el 100% del monto.
El PP ve con muy malos ojos la propuesta, al considerara un riesgo para el Estado y una innecesaria revitalización de la banca pública.
