El panorama fiscal en España experimentará un cambio significativo a partir de enero de 2026, gracias a la actualización de las obligaciones informativas financieras por parte de la Agencia Tributaria. Esta transformación, amparada en el Real Decreto 253/2025, busca intensificar el control sobre los medios de pago electrónicos, incidiendo en plataformas como Bizum y tarjetas bancarias, así como en las cuentas de pago empleadas por profesionales y empresas.
A partir de la implementación de esta normativa, las entidades financieras y plataformas de pago estarán obligadas a reportar mensualmente a la Agencia Tributaria información detallada sobre diversos aspectos. Esto abarcará desde los movimientos de cuentas bancarias y no bancarias, hasta las operaciones realizadas con tarjetas -físicas o virtuales-, pasando por los cobros y pagos efectuados mediante Bizum y sistemas similares. Este paso de un reporte anual a uno mensual pretende dotar a la Agencia de datos más actualizados y efectivos para la supervisión de la actividad económica en el país.
Uno de los cambios más significativos es la eliminación del umbral de 3.000 euros anuales, anteriormente necesario para que las operaciones con tarjeta o Bizum fueran reportadas. En consecuencia, todas las transacciones de carácter profesional estarán bajo el escrutinio de Hacienda, independientemente de su cuantía. Así, cualquier cobro realizado a través de Bizum estará sujeto a esta normativa si se relaciona con una actividad económica, afectando principalmente a autónomos, empresas y profesionales.
No obstante, los Bizums entre particulares que no persigan un fin económico continuarán exentos de ser informados, siempre y cuando no oculten una actividad profesional.
Las nuevas obligaciones informativas tendrán un impacto particular en los empresarios, profesionales y autónomos que recurren a medios de pago electrónicos en su operativa económica. Estas incluyen, entre otras, los cobros y pagos mediante Bizum por servicios o ventas, las transacciones con tarjetas vinculadas a actividades profesionales y las cuentas de pago utilizadas para la gestión de ingresos o gastos empresariales. Los datos que se remitirán a la Agencia Tributaria se agruparán mensualmente por negocio, facilitando su cruce con las declaraciones de IVA, IRPF e Impuesto sobre Sociedades.
Para los autónomos y pymes, esta reforma fiscal implicará diversas consecuencias prácticas. Se destaca una mayor visibilidad de sus ingresos electrónicos ante Hacienda, la necesidad de gestionar adecuadamente cobros y pagos para evitar inconsistencias, y el beneficio de separar finanzas personales de las profesionales.
Aquel que reciba pagos a través de Bizum o tarjetas en el contexto de su actividad económica deberá asegurarse de que tales ingresos se reflejen certeramente en su contabilidad, pues este nuevo control fiscal incrementa la trazabilidad de la actividad económica en la era digital. Este cambio refuerza la supervisión tributaria y subraya la importancia de gestionar con diligencia la fiscalidad de los pagos digitales.
Ante este entorno, Puigverd Assessors se ofrece como aliado para ayudar en la adaptación contable y el cumplimiento de las nuevas obligaciones fiscales impuestas por este nuevo escenario, asegurando que las actividades de sus clientes se alineen con la normativa vigente y se eviten sorpresas con la Agencia Tributaria.
