El debate sobre la reducción de la jornada laboral en España continúa marcando la agenda. En un movimiento significativo, el Gobierno ha anunciado que, a partir de marzo de 2026, aproximadamente 250.000 funcionarios de la Administración General del Estado (AGE) verán su jornada laboral reducida de 37,5 a 35 horas semanales sin que ello implique una disminución de su salario. Esta medida, que responde a un acuerdo previamente establecido con los sindicatos en octubre de 2022, afectará a empleados de ministerios, la Seguridad Social y otros organismos públicos estatales, quedando excluidos sectores como las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Instituciones Penitenciarias y cierto personal sanitario y docente.
Por otra parte, la propuesta del Gobierno de recortar la jornada laboral en el sector privado de 40 a 37,5 horas semanales sin reducir los salarios ha encontrado obstáculos. El Congreso rechazó esta medida el 10 de septiembre de 2025, lo que mantiene, por el momento, la jornada máxima legal para los trabajadores del sector privado en 40 horas semanales, aunque existen convenios colectivos que establecen jornadas más cortas, estos no son aplicables de manera universal.
La vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, quien ha anunciado que no se presentará a las próximas elecciones en 2027, ha expresado su intención de revisar y presentar nuevamente la propuesta, aunque el panorama político actual plantea desafíos significativos para obtener el apoyo necesario.
En otro ámbito, el Gobierno avanza en la implementación obligatoria del registro horario digital en todas las empresas, una medida separada de la propuesta de reducción de jornada laboral. Este decreto-ley obligará a las empresas a abandonar los registros en papel y Excel en favor de sistemas digitales que registren la entrada, salida y pausas de los trabajadores, facilitando una mayor transparencia y control para combatir el abuso de horas extra no retribuidas. Las empresas tendrán que adaptarse a esta nueva normativa, que podría comportar sanciones significativas por incumplimientos.
