La Organización No Gubernamental Amnistía Internacional, ha presentado su Informe 2013 en el que muestra con una gran contundencia su enorme preocupación por la escasa defensa legal que se hace en el Estado Español de la vivienda y de los propietarios con problemas de pago frente a las Entidades Financieras.
En su Informe 2013, Amnistía Internacional afirma que «la crisis económica y las medidas de austeridad impulsadas por los gobiernos de España y de la Unión Europea están afectando a diversos derechos económicos y sociales como la vivienda, la educación y la salud».
Amnistía Internacional denuncia, asimismo, a través de su «Informe», que en España existen miles de familias que están en una grave situación de indefensión frente a los desahucios y desalojos forzosos.
Exigencia de una reforma constitucional
Según la organización, este drama pone de manifiesto que en España existe un grave problema de justicia, y por ello exige una reforma constitucional con el fin de que el acceso a la vivienda sea considerado un derecho fundamental.
Según Amnistía Internacional, en España, a diferencia de lo que sucede en otros países europeos, no se protege el derecho a una vivienda digna. Para ello, anima a los dos partidos políticos mayoritarios a un gran pacto que recoja un cambio en la Constitución para reconocer el acceso a la vivienda como un derecho fundamental.
Preocupación por los inmigrantes y la violencia de género
Amnistía Internacional también muestra su preocupación por la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, y que restringe su acceso a los servicios públicos de salud. La organización también expresa su enorme preocupación por las proporciones que alcanza la violencia de género en España poniendo de relieve que, tras siete años de la aprobación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, las víctimas siguen sin tener acceso a medidas de protección efectivas.
