La situación actual causada por la pandemia, ha hecho que muchas personas se acojan a la Ley de Segunda Oportunidad. Según los expertos de Fidelitis, este año 2021 se prevé un incremento en las solicitudes y concesiones.
Aunque se trata de una ley que se viene utilizando en otros países del mundo, en España todavía es una gran desconocida. La Ley de Segunda Oportunidad, aprobada en el año 2015, tiene como objetivo el exonerar total o parcialmente las deudas de los particulares, cuando se han endeudado por encima de lo que realmente pueden soportar, haciendo imposible que puedan hacer el pago de esa deuda.
Este instrumento jurídico está destinado a aquellos ciudadanos españoles cuya situación económica esté pasando por un mal momento y se encuentren en graves apuros financieros. Se encuentra regulada por la Ley 25/2015, de 28 de julio. Desde Fidelitis, grupo de consultoría legal con más de 15 años de experiencia resolviendo problemas sociales, aseguran que “2021 ofrecerá datos históricos, dada la situación nunca vista de muchas familias y la comprobación de eficacia de esta ley durante los últimos años”.
Su nombre es claro, se trata de una segunda oportunidad para aquellos que no estén pasando por su mejor momento económico. Así pues, esta denominación pretende dar a entender que cualquier particular o pequeño empresario (autónomos) puede “retroceder en el tiempo” y solventar su deuda si su situación financiera es clasificada como insostenible.
En 2020, España no llegaba al 10% de los casos que se llevan a cabo de media en el resto de países de Europa. Sin embargo, Lorenzo Pérez, presidente de Fidelitis, vaticina: “Por los casos que nos están llegando desde finales del pasado año, este porcentaje podría incluso duplicarse”.
Este mecanismo es relativamente “nuevo” en España, solo tiene 6 años y, además, sólo desde el 2019 se pueden integrar las deudas públicas. Por otro lado, se encuentra la dificultad de tramitación, sobre todo con el formato de negociación extrajudicial.
Asimismo, otro factor que ayuda en la toma de decisión por parte de los afectados de solicitar ayuda, es el cobro a éxito, algo que sólo ofrece Fidelitis, y que convence a las familias que no cuentan con recursos para pagar en mensualidades, y sobre, todo para que no tengan que adelantar el dinero sin la obtención del BEPI provisional otorgada por el juez.
El experto en cuestiones socio-laborales, explica los diferentes requisitos que particulares y autónomos deben poseer para poder acogerse a esta ley:
“En primer lugar, se debe acreditar que no se puede hacer frente a esa deuda, demostrando que el solicitante no posee ni capital ni activos para afrontarla (y si los tiene se habrán de liquidar para satisfacer parte de la deuda, salvo excepciones)”.
Los restantes requisitos son: demostrar que “ha existido buena fe” por parte del deudor, (lo que se concreta en la ausencia de antecedentes penales por delitos económicos y no haber provocado de forma voluntaria su situación de insolvencia); no haberse acogido a esta Ley en los diez años previos; y no haber rechazado un trabajo adecuado a su capacidad(si está en desempleo)”.
Eso sí, dada la laboriosidad y tecnicidad del proceso, para poder afrontar este tipo de procesos con garantías de éxito, resulta imprescindible solicitar la ayuda de profesionales y despachos de abogados especializados en esta materia.
