El parque automovilístico oficial español, el que reúne a todos los vehículos públicos que son de titularidad estatal, suponía al término del año 2009, alrededor de 60.000 matrículas. En la relación de vehículos, se incluye desde los coches blindados de la Casa Real, a los vehículos también protegidos de las Fuerzas Armadas, pasando por las ‘paqueteras’ de los departamentos ministeriales.
Los seguros de todo este parque móvil representan una cantidad importante que ha de desembolsarse anualmente dentro de los gastos fijos del Estado. El organismo encargado de las pólizas de los vehículos oficiales es el Consorcio de Compensación de Seguros, un organismo dependiente también de la Administración central.
Sin embargo, ante la necesidad de hacer recortes presupuestarios, el Ministerio de Defensa es el primero que se ha desmarcado de la tradición aseguradora de toda la vida para sus vehículos. Bueno, para una parte.
El Ejército de Tierra ha hecho números, ha comparado lo que gasta con el consorcio y lo que podría desembolsar con diferentes aseguradoras privadas y no se lo ha pensado dos veces.
El Ejército de Tierra se ha pasado a una gran multinacional del seguro (AIG) con la promesa de ahorro de una cantidad algo superior al millón de euros al año por asegurar contra terceros los tanques, los blindados, los camiones, los coches y demás vehículos menores.
Lo que me resulta más chocante de todo este asunto es que el Estado y su Consorcio de Compensación de Seguros, no ajuste sus precios para dar un servicio de aseguramiento al parque móvil militar más adecuado en la actual coyuntura económica y para evitar que los fondos salgan de la propia caja de la Administración pública.
