Según la nueva ley del marco de seguros elaborado por el Banco Central del Uruguay, y que podría ser adoptada en breve por la mayor parte de los países de occidente, en vista de la sentada de precedente que por lo general acarrea esta país en el segmento, sostiene que las compañías aseguradoras deberán resolver en un plazo de 30 días la aceptación o rechazo del siniestro a sus clientes a partir de la denuncia, y dispondrán, como máximo, de 60 días para realizar el pago que correspondiere.
Según el mismo documento, las empresas de seguros que no cumplieran con cualquiera de ambos mandamientos, podrían considerarse automáticamente en mora, con lo cual se exponen a la posibilidad de ser multadas económicamente con sumas importantes para lo que es el mercado actual, y que se dispondrán en cada caso particular.
Sin embargo, en el borrador de la ley, no sólo se establecen algunos nuevos derechos, como los mencionados anteriormente, para los usuarios, sino que también cohabitarán novedosas obligaciones, como el hecho de tener que presentar la denuncia del siniestro en los siguientes cinco días a sucedidos el hecho, tiempo pasado el cual ya no tendrá valor la denuncia de ningún modo.
Sin embargo, la asociación que agrupa a las aseguradoras privadas, “Audea”, ha confirmado su rechazo a estas y otras modificaciones que introduce el anteproyecto del gobierno, ya que consideran que las nuevas medidas, aunque es necesario un marco legislatorio correspondiente, sólo tienden a complicar el modo operativo de las firmas aseguradoras, y avalarían la posibilidad de que se realicen fraudes de forma más corriente.
“No se pueden extrapolar soluciones que no son las nuestras, ¿si esto hoy funciona bien, para qué modificarlo?. También sería posible pensar que el asegurado puede intentar retener información para jugar con el tema de los 30 días y forzar que la compañía se expida”, sostuvo Mauricio Castellanos, director ejecutivo de Audea, quien se mostró claramente disconforme con los posibles cambios a introducirse en el sistema.
