La última novela de Michael Crichton, Next, trata de un hombre que ha perdido los derechos sobre su ADN en un juicio contra una multinacional. La idea que desde el vamos suena descabellada no es lo tanto, al menos a la vista de una noticia perdida entre las páginas del diario AltoAragón, y donde nos enteramos que las semillas, en muchos casos, viene con código de barras.
Y es que hace dos semanas en Fraga, la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, Uaga-Coag un convenio para regular “la situación de las explotaciones frutícolas que no han satisfecho el pago de royaltis y derechos de propiedad vegetal y establecer las reglas de juego para facilitar el acceso de los agricultores a nuevas variedades de fruta”. Y a uno que lo desvela el uso de los P2P.
Ocurre, pues, que hay un “canon verde”, y los agricultores, además de todos los problemas que debe sortear con el cambio climático, la suba de los combustibles y la baja en la mano de obra, deben pagar royalties para sembrar ciertas variedades de fruta.
Como lo explica en la nota Josep Cabré, responsable del sector en la Uaga Vicente López: “obtentores que han creado y registrado estas nuevas variedades vegetales, tienen una especie de derecho de propiedad vegetal, similar al de propiedad intelectual, que deben pagar los agricultores”. De no hacerlo caerían en algo que la nota define, muy WTF, como “piratería vegetal”.
Hay muchas explotaciones en esta condición “ilegal”, sobre todo aquellas que siembran melocotón y nectarina.
Los agricultores, que tenían como plazo final el pasado 31 de marzo para “regularizar” su situación, se quejan del alto precio de estas royalties: de 600 a 4.000 euros por hectárea plantada.
