Según ha manifestado por estas horas el director general de Gas Natural Distribución, José María Gil Aizpuru, la idea de la compañía es que se paralicen, al menos de momento, las inversiones previstas en las infraestructuras de red básica de gas que no sean extremadamente necesarias, para que de esta forma se responda únicamente a la demanda, y se evite la producción de un déficit que ya había empezado a dar señales en las últimas semanas, con registros de hasta 230 millones de euros a la baja el año pasado.
Justamente, Gil Aizpuru, explicó que “hay inversiones que van a tener un gran coste económico y se tendrán que marcar criterios que permitan asegurar que estas infraestructuras de transporte, regasificación y almacenamiento aportan la rentabilidad y la eficiencia que requiere el sistema”. Todo esto, al respecto de los proyectos públicos y de otras empresas energéticas que se han mencionado en el último tiempo.
La cuestión es que la demanda actual del sistema es drásticamente es inferior a la prevista en los escenarios de planificación de infraestructuras, lo que ha producido una capacidad excedentaria en las infraestructuras básicas, que se tienen que retribuir, y que son parte del problema que está generando el déficit que se intenta revertir con estas medidas.
En este mismo sentido, se ha hablado de una suba de los precios de los peajes, que suponen un 30% de la tarifa de gas natural de los clientes, aunque la misma se antoja bastante razonable dentro del marco regulatorio buscado. “Un pequeño incremento para compensar el pequeño déficit podría estar dentro de lo comprensible” se expedió al respecto.
Finalmente, se han pedido desde la compañía una serie de incentivos para el negocio de la distribución que permitan confiar, de aquí a un corto período de tiempo, en inversiones adecuadas a las necesidades, que aporten además los ingresos netos que el sistema requiere, es decir, unos 70 euros por punto de distribución.
