Según ha manifestado el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, en medio de su defensa ante la Unión Europea, la intención del país es que se garantice, como mínimo, el mismo nivel de protección jurídica de las inversiones de empresas europeas en terceros países que reflejan los acuerdos de inversión firmados a nivel bilateral, en el momento en el que estos sean reemplazados por acuerdos a nivel continental.
Esta aclaración, referente al nuevo reglamento que negocian los Veintisiete con el Parlamento Europeo, ha llevado a García-Legaz a sostener que “las empresas españolas, ahora muy bien protegidas por esos acuerdos, no entenderían demasiado bien que la entrada de un régimen de protección europeo se tradujera en una desprotección como consecuencia de la entrada en vigor del nuevo reglamento”.
Por este motivo es que el punto fundamental a defender es el “asegurar que el principio de reemplazo se aplica con la completa seguridad de que la máxima protección y seguridad jurídica de las empresas sean reemplazados con ese mismo nivel de protección al menos con los nuevos acuerdos de la Unión Europea”.
De todas formas, y a fin de endulzar un poco a los tribunales que deberán decidir en el caso, los representantes españoles también manifestaron que valoran de una forma muy positiva los avances que se han registrado en las últimas semanas entre los Veintisiete y el Parlamento Europeo en las negociaciones sobre el nuevo reglamento, al tiempo que han prometido mantener su “actitud constructiva” para llegar a un acuerdo lo antes posible.
A modo de conclusión, y a la espera aún de que surjan los primeros dictámenes al respecto, García-Legaz ha dicho que “queremos garantizar en todo caso es que el refuerzo de las inversiones de las empresas europeas en terceros países gracias a la entrada en vigor del Tratado de Lisboa no se vea dañada”.
