El Gobierno puede querer que cada edificio tenga un asesor energético para ahorrar energía según un borrador de proyecto o algo así que destapan en El País. Vaya por delante que me parece bien en el sentido de que el ahorro debe ser la piedra angular sobre la que pivote la política energética de un país que es deficitario en esta materia.
Otra cosa son los métodos para lograrlo y los objetivos de los mismos. Los edificios de viviendas y oficinas son uno de estos target y bien sabido es que muchos son ineficientes energéticamente empezando por aquellos que tienen calefacción central.
Los modos de conseguir un ahorro de cualquier tipo son tres:
1. La legislación;
2. El precio, y
3. Las execciones o bonificaciones asociadas.
En esta ocasión se opta por una forma legislativa a través de una Ley que obliga, en principio, a contar con los servicios de un gestor energético lo cual abre un nuevo nicho de negocio aún por definir. Es un paso me temo que imprescindible dado que no sólo se ha construido mucho sino que además se ha realizado mal y de aquella manera, no sé si me explico.
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