Mediante un Real Decreto anunciado en las últimas horas, el Tribunal Supremo de Madrid ha informado de la legalidad obtenida por la obligatoriedad de notificar las resoluciones de la Agencia Tributaria, mediante boletines oficiales que se expendan por vía electrónica, para de esa forma favorecer la divulgación, y el posterior conocimiento, del contenido que los mismos desarrollen.

En tal sentido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal se encargó de desestimar el recurso de casación presentado por la Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios contra este Real Decreto, el que fuera presentado a fines de octubre de 2010, y el cual iba contra un posible establecimiento de que Hacienda se viera obligada a notificar sus resoluciones por estos medios.

Lo interesante del caso es que la decisión de este jurado no entrañará más de 6.000 euros a la asociación, motivo por el cual “no trata de un requisito técnico que pueda considerarse de imposible cumplimiento”, como han informado los jueces al respecto, quienes además agregan, en referencia a los métodos tradicionales de divulgación, que ambos “tienen ámbitos de aplicación separados, que coexisten, y que por tanto, ni se solapan, ni se superponen”.

Bien vale recordar además que, en su momento, Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios, se mostraba en contra de este Real Decreto, en consideración de que sus reglamentos internos violaban la Constitución Nacional, además de otras normas tributarias que consideraban de un nivel superior, sin mencionar la desprotección de datos personales de relevancia que podría producirse y demás.

Sin embargo, el Tribunal Supremo ha establecido al respecto que, a tales efectos, es “el propio contribuyente el que tiene que comunicar su consentimiento para que los trámites tributarios se hagan por vía electrónica”, por lo cual se anularía la discusión al respecto de si se afectan o no las normas tributarias, o si se desprotegen los datos.