Con el mercado de la vivienda nueva ralentizándose, el de segunda mano con tiempos mayores de venta y unas políticas públicas a favor del alquiler descoordinadas y poco eficaces, los gobiernos regionales han decidido impulsar normas para hacer más gravoso el hecho de tener una casa vacía ya sea por falta de inquilinos o para especular.
Empezó Cataluña y le ha seguido Euskadi aunque las medidas de este tipo tienen visos de extenderse como la pólvora. Las fórmulas que se están proponiendo, ya que de momento no son más que proyectos de ley sobre vivienda o de suelo a nivel autonómico, van desde la expropiación por un tiempo determinado en el caso catalán al gravámen de 9 euros al día que desea el PNV sin olvidar la inclusión de figuras impositivas nuevas o el incremento del IBI para financiar de paso a los ayuntamientos.
Después de muchos años sin otra política ni plan que poner a disposición de constructores y promotores cuanto más suelo mejor, olvidando su obligación de facilitar el acceso al derecho a una vivienda digna, y contando que la presión municipal hacia las Autonomías para conseguir mayores fondos cada vez es mayor, ahora las administraciones se descuelgan con soluciones más bien imaginativas cuya eficacia habrá que ver. En todo caso estamos ante un nuevo tiempo y el foco de atención vuelve a desplazarse hacia los ciudadanos normales y corrientes sin discriminar entre especuladores y quien detenta una segunda residencia para pasar las vacaciones o en su pueblo de toda la vida.
Claro que siempre hay maneras de esconder lo que se quiera, no es que animemos a hacer trampas, con lo que ya veremos si son eficaces estas políticas o sólo pretenden recaudar más sin intentar solucionar los problemas de fondo.
