Casos como del Barron’s nos demuestran cuál es el verdadero motor financiero: los rumores y las noticias filtradas. Sea en la forma de un inminente aumento de los tipos de interés (como pasó en Junio) o como ocurre esta semana con las versiones de una posible estatización de las agencias hipotecarias estadounidenses. El pánico y sus consecuencias tienen un alto costo para el sistema bursátil, y con la fragilidad en que vive este momento, hay que poner límites a las Gargantas Profundas.
El Ministerio de Economía ha decidido intervenir para dar frenazo a la información privilegiada y ha establecido una multa de 350.000 euros para todo aquel que empleado que de cifras, planes, proyecciones o cualquier tipo de información sobre su empresa si está cotiza en bolsa.
El artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores es un proyecto que estimará la gravedad de la falta de acuerdo con la variación en la cotización de la empresa en Bolsa tras la filtración.
Cualquier comunicación sobre el estado financiero de la propia compañía deberá realizarse simultáneamente al árbitro bursátil y a los medios. O habrá que afrontar una multa de 300.500 euros y la inhabilitación. En el caso de que la filtración provenga de la empresa misma, la multa sube a 600.00o euros o el 5% de los recursos propios.
Fuente | Público
