Denuncian a los gestores de Bankia ante la Fiscalía General

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En las últimas horas, la Federación de Cuadros y Profesionales de Cajas de Ahorro, junto con la Asociación de Cuadros y Profesionales de Bankia, se han hecho presentes ante la Fiscalía General del Estado, a fin de hacer corpórea una demanda, solicitando que comiences las investigaciones sobre los ejecutivos de Bankia, y las respectivas autoridades económicas, al respecto de los supuestos delitos penales derivados del accionar financiero de éstos.

Incluso, ambas entidades, máximas representantes de los profesionales avocados a las cajas de ahorro, han emitido un comunicado oficial de prensa en el que se explica que los sucesos acontecidos con Bankia “podrían ser constitutivos de delito contra el orden socioeconómico y, en concreto, de administración fraudulenta y desleal, y atentan contra el principio esencial de imagen fiel de las empresas”, por lo que deben ser investigados detenidamente.

Básicamente, el reclamo de estas instituciones está relacionado con un pedido al Ministerio Fiscal, para que se investigue correspondientemente la “sustitución y destitución fulminante” de quien fuera el anterior presidente de Bankia y también del Banco Financiero del Ahorro, Rodrigo Rato. De igual forma, se piden datos disponibles acerca del procedimiento que llevó a la nacionalización de esta última entidad.

Por otro lado, bien vale destacarse que FEPCA y ACCAM-Bankia, las dos primeras instituciones mencionadas, han pedido que comiencen las diligencias para poder llegar al comienzo del proceso por el cual la entidad perdió en menos de dos semanas la mitad de su valor bursátil y más de un 60% acumulado desde la salida a cotizar en bolsa, cuando no existen “sin motivos concretos conocidos” para que se de esta situación.

Finalmente, estos mismos denunciantes han reclamado en el comunicado que se lleve a cabo una investigación formal de las cuentas anuales de la entidad, que se sume a la auditoría llevada adelante por la compañía consultora Deloitte, que se negó a firmar dado el desfase patrimonial de 3.500 millones de euros que detectó, lo que precipitó la intervención del Estado y la dimisión de Rato.

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